La activista filipina Cynthia Deduro denuncia que expulsan indígenas a causa de una presa

Mariona Tarrats Farré

Barcelona, 5 jun. La activista filipina Cynthia Deduro, de 70 años, que vive exiliada en Alemania y lleva más de 50 defendiendo los derechos de los indígenas de su país, pide, en una entrevista con EFE, que el gobierno filipino paralice la construcción de una presa de 109 metros de altura en el río Jalaur porque "está expulsando a los indígenas de la zona".

"No tienen el consentimiento de las poblaciones indígenas que habitan en la zona", exclama la anciana activista, que ha viajado a Barcelona para participar en la segunda edición de la Escuela de Defensoras, unas jornadas que organizan la International Action for Peace y la Asociación Catalana por la Paz.

Deduro es originaria de la isla de Panay, donde se encuentra el río Jalaur y, aunque no tiene ascendencia indígena, ha dedicado su vida a defender los derechos de estas personas.

Según Deduro, la zona del río Jalaur está habitada por comunidades indígenas que "usan todos los recursos de la tierra para subsistir", y explica que la propuesta de la construcción de la presa fue presentada en 2009, pero los indígenas no fueron informados hasta 2011, año en que la activista decidió fundar la Indigenous Peoples' Network de Panay.

"Sobre la presa, no pidieron ningún consentimiento al pueblo pero, por suerte, cuando los habitantes se enteraron, empezaron a resistirse y a protestar y consiguieron retrasar el trabajo ocho años", especifica Deduro.

"Las obras de la presa se demoraron hasta 2019 y las autoridades tuvieron que utilizar la fuerza", relata la activista, que lamenta que ahora la construcción de la presa ya está avanzada, con 73 metros construidos, y se espera que ya funcione en 2025.

Deduro asegura que las poblaciones indígenas "están en peligro porque se las está expulsando de su terreno ancestral".

"No es la primera vez que los indígenas de la zona tienen que luchar por sus tierras", añade Deduro, pero asegura que ahora la lucha contra la presa es su preocupación principal.

Recuerda que en diciembre de 2020 "la policía filipina mató a nueve personas indígenas que protestaron contra la construcción de la presa".

Deduro acumula un largo historial en la lucha por los derechos humanos de las comunidades indígenas, ya que no pudo terminar sus estudios universitarios porque, como activista, se vio amenazada por una ley marcial que el gobierno aprobó y que comportó la ilegalización de una organización de mujeres activistas donde ella militaba.

Desde entonces, Deduro se dedica únicamente a ser activista, pero su lucha se ha visto interrumpida varias veces por detenciones y estancias en prisión, como en 1974, que fue la primera vez que la arrestaron y estuvo un año y cinco meses encarcelada, con el parto de su primer hijo de por medio.

"Sufrí tortura mental, durante mi encarcelamiento me enviaron a una celda y tuve que estar con los ojos tapados, no sabía si iba a morir", rememora la activista sobre su primera estancia en prisión.

Asegura que, a día de hoy, aún le persiguen las secuelas de esta experiencia.

Pese a la experiencia carcelaria, Deduro siguió con su activismo de manera pública y volvió a ser enviada a prisión en 1989, junto a su marido, "aunque esta vez solo fueron 10 meses".

Tres años más tarde, gracias a la derogación que el gobierno de Filipinas hizo de la ley marcial en 1992, todos sus casos prescribieron.

Aún así, desde octubre de 2021, Deduro reside en Alemania ya que decidió irse "al exilio" junto a su marido "para evitar más problemas con las autoridades", según confiesa la activista, que considera que no ve el momento de volver a Filipinas porque, en su día a día, "el miedo está muy presente". EFE

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