Como cada día, este miércoles 9 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó distintas leyes e iniciativas para su entrada en vigor. Para sorpresa de muchos, a primera hora quedaba derogada la Constitución. Sin previo aviso, sin debates ni votaciones, la Carta Magna quedaba anulada junto a otras ocho leyes. Se trataba de un error.
Iberley ha sido uno de los primeros en detectar esta situación que ha hecho saltar las alarmas. Al acceder a la página del BOE para ver las novedades del día, observaron que la Constitución aparecía como “disposición derogada”. A ella se sumaban también el Código Penal, el Código Civil, la Ley de enjuiciamiento civil, la Ley general de la Seguridad Social, la Ley reguladora de la jurisdicción social y la Ley de régimen jurídico del sector público, así como el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores y también el texto refundido de la Ley Concursal.
Así, a las nueve de la mañana,esta base de datos jurídica de consulta laboral, fiscal y contable junto a la Editorial Colex decidió ponerse en contacto con el servicios de atención al ciudadanos del BOE. Ambas entidades notificaron el error con el fin de subsanarlo cuanto antes. Cuenta Iberley que tras 20 minutos, aproximadamente, el error se había subsanado y las normas volvían a estar en vigor.
Actualmente, si se consulta el boletín correspondiente a dicha fecha ya no aparecen los errores.
Otro error reciente del BOE
La derogación de la Constitución y de ocho leyes no es el único fallo reciente que ha cometido el Boletín Oficial del Estado (BOE). El pasado 28 de febrero se publicaron dos versiones de forma simultánea y distintas de una misma ley. En concreto, la diferencia era respecto a un artículo. Y es que Yolanda Díaz e Irene Montero llevaron a cabo las modificaciones de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) el mismo día. El problema es que ambas versiones se publicaron y entraron en vigor a la vez.
El BOE decidió publicar las dos versiones hasta que el error fuera corregido. El artículo en concreto es el 16 apartido 1 letra c. En él aparecen recogidas las infracciones muy graves a las que se pueden enfrentar las empresas que solicitan datos personales y vetados a la hora de contratar. El objetivo de esta medida es impedir que pidan esta información para que no se produzcan situaciones discriminatorias durante este tipo de procesos.
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