La reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ ha salido adelante. En vísperas del Día de la Mujer y dejando los procedimientos de urgencia, con 231 votos a favor y sin el apoyo de Unidas Podemos, el gobierno socialista de Pedro Sánchez avanza para modificar una ley que provocó más de 721 rebajas de condenas de delitos sexuales y más de 74 excarcelaciones.
En un año marcado por las elecciones autonómicas y municipales en el país, se esperaba que el partido de ultra izquierda votara en contra de las correcciones de la polémica ley sobre agresiones sexuales propuesta por su socio de coalición, el Partido Socialista Español (PSOE).
En una jornada tensa, que confirma una dura crisis entre los socios parlamentarios que gobiernan España, los socialistas exigieron a los morados, como se llama a los partidarios de Podemos, “ser consecuentes y responsables”, y reconocieron estar “cansados de sus peroratas”.
Los socios no se han quedado atrás. Irene Montero, ministra de Igualdad y promotora de esta norma, reprochó “a las señorías del PSOE”. “Votar con el Partido Popular es un retroceso en derechos de las mujeres sólo agrava el problema”, manifestó la funcionaria.
La ley conocida como “sólo sí es sí “, en referencia al consentimiento expreso en las relaciones sexuales, norma aprobada en el primer semestre de 2022 por mayoría absoluta de diputados, creaba una ley de libertad sexual destinada a reforzar la lucha contra las violaciones. Con esta legislación, todo acto sexual no consentido de manera clara y libre seria considerado como violación ante los ojos de la justicia. Sin embargo, la aplicación de la normativa trajo “efectos no deseados”, como los calificó el propio jefe de Gobierno.
Con reducciones de penas a violadores y excarcelaciones por doquier Sánchez, tras meses de intentar sin éxito un acuerdo con los podemistas para enmendar esta iniciativa, se vio acorralado en un año donde debe buscar votos.
La disyuntiva del Ejecutivo quedó visible en pleno debate en el Congreso de los Diputados durante la toma en consideración de la reforma unilateral socialista de la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Una escenificación que sobreexpone la grieta entre el PSOE y Podemos en el arranque de un año súper electoral.
Los socios de Sánchez, que han contado con los votos de ERC y Bildu para rechazarla, han criticado la modificación al considerar que con ella se vuelve al “código Penal de la Manada”. “Se dan la mano para volver al Código Penal de la violencia y la intimidación. Es una mala noticia para las mujeres, que han conquistado el consentimiento en el centro como derecho. Ante las decisiones judiciales de rebajas de penas hay que dar una respuesta unitaria como Gobierno y desde la mayoría feminista del Congreso, insistia Montero.
Unos metros de diferencia entre escaños, la diputada socialista, Andrea Fernández, respondía: “Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. La mejor forma de legitimar esta norma es apostar por corregir aquellos errores que evidentemente contiene”
La reforma se alcanza con otra mayoría en la Cámara y alianzas que sorprenden. La propuesta socialista fue acompañada gracias al apoyo del Partido Popular (PP), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Ciudadanos, además de UPN, Foro, Teruel Existe, PRC, Coalición Canaria y P Cat.
Por su parte, se han opuesto Unidas Podemos, ERC, Junts, EH Bildu, la CUP y el BNG, mientras que Vox, Más País y Compromís optaron por la abstención. 231 afirmativos, frente a 56 no y 58 abstenciones termina con semanas de desencuentros en el Gobierno, al tiempo que profundizan la crisis en la legislatura que comparten. La particularidad es además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha votado.
En lo gestual las heridas también son significativas. Irene Montero e Ione Belarra, secretaria general de Podemos, estuvieron aisladas durante el pleno. La tensión fue clara y se proyecta en las próximas decisiones de la alianza. La vicepresidenta de gobierno y líder del espacio Yolanda Díaz acudió a finales de la sesión al Congreso de los Diputados para la votación. Al ingresar evitó ofrecer su opinión aunque visiblemente enfadada alertó: “nunca debimos llegar hasta aquí”.
La derecha, representada por los Populares, y que debió apoyar al gobierno, con oportunismo arremetió con toda dureza contra el Ejecutivo: “Sí se puede, claro que se puede, se puede dimitir”, dijo Cuca Gamarra, utilizando los dichos de los morados de como seguir luego de este quiebre.
Vox, que buscó con la abstención facilitar la toma en consideración, utilizó el momento para cargar contra la “ideología infecta” del Gobierno. “Son responsables de cada delito sexual que comentan los excarcelados”, lanzó al Ejecutivo la diputada Carla Toscano, quien tildó al Consejo de Ministros como “el más dañino y perjudicial” para las mujeres.
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