La Corte Interamericana reconoce por primera vez la violencia sexual en El Salvador como crimen sistemático

En Guatemala, en el marco de la 195ª sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el desarrollo de la audiencia pública celebrada este 10 de marzo, se abordó por primera vez de manera pública el tema de la violencia sexual durante el conflicto armado en El Salvador, problema aún marcado por la ausencia de justicia y la falta de reparaciones efectivas para las víctimas, más de tres décadas después de finalizada la guerra.

La persistencia de la impunidad y la ausencia de reparaciones efectivas para las víctimas, en su mayoría mujeres que hoy se encuentran próximas a la tercera edad, sigue siendo una deuda histórica.

Durante la audiencia, el testimonio de Noelia Serrano, sobreviviente y participante en la audiencia, evidenció las consecuencias de estas agresiones. Más de tres décadas después de los hechos, Serrano describió la continuidad de graves secuelas físicas y psicológicas, como insomnio, ataques de pánico y dolor crónico.

Demandó acceso a atención médica, apoyo psicológico, reparación de viviendas y fondos estatales para las mujeres afectadas, que se acercan a la tercera edad.

La investigación «Lo contamos para que no vuelva a pasar», elaborada por organizaciones salvadoreñas, aportó el fundamento documental y estadístico sobre la sistematicidad y brutalidad de los crímenes sexuales. David Morales, de la organización Cristosal, describió que los delitos comprendieron violaciones tumultuarias, mutilaciones, esclavitud sexual y doméstica, empalamientos, decapitaciones y el secuestro de niños y niñas para ser sometidos a tráfico o desaparición forzada.

Estas agresiones, explicó Morales, constituyeron una práctica sistemática auspiciada principalmente por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador y escuadrones de la muerte. También se registraron casos, aunque en menor proporción, atribuidos a integrantes de la guerrilla.

La directora de programa de DPL, Leonor Arteaga, remarcó que el silencio y el estigma han dificultado el reconocimiento público y judicial de estos hechos, pese a múltiples denuncias de masacres, desapariciones y torturas documentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según Arteaga, esta es la primera vez que la violencia sexual es presentada ante la Corte Interamericana como un crimen sistemático, resultado de los esfuerzos tanto de las sobrevivientes como de las organizaciones civiles.

Ausencia de justicia y limitaciones de los programas de reparación

Desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, El Salvador implementó instancias como la Comisión de la Verdad, que no incorporó en sus registros la violencia de género ni sexual. Tanto el programa nacional de reparaciones como la comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas omitieron el enfoque de género y no garantizaron justicia ni reparación efectiva a las víctimas.

Berta Fernández Rozón, representante del Fondo Global de Sobrevivientes, aclaró que la asistencia social no se equipara a una reparación genuina. En términos del marco interamericano, la reparación exige medidas diferenciadas, sostenidas y adecuadas frente a los daños físicos, emocionales, económicos y comunitarios producidos.

Desde 2013, existen en El Salvador dos programas de reparación. El primero, derivado de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la masacre de El Mozote, contempla indemnizaciones y asistencia en salud, pero excluye la violencia sexual como categoría específica y carece de mecanismos de atención de largo plazo.

El segundo, ya suspendido en 2024, restringe el acceso de víctimas mediante requisitos de registro y solo prevé compensaciones mínimas. Muchas sobrevivientes quedaron sin acceso a estos derechos básicos tras la suspensión de este programa.

En el ámbito judicial, denuncias presentadas por mujeres como Noelia Serrano llevan nueve años sin respuesta de las autoridades salvadoreñas. La Fiscalía General de la República exige identificar plenamente a los agresores y delega en las propias víctimas la carga probatoria, lo que frecuentemente conduce a la prescripción de los casos.

Los fiscales evitan investigar las cadenas de mando responsables y utilizan prácticas revictimizantes. Hasta la fecha, solo la sentencia por la masacre de El Mozote incluye los delitos sexuales, aunque aún está bajo apelación.

Respuestas estatales y desafíos pendientes para las víctimas de violencia sexual

La delegación estatal salvadoreña en la audiencia reconoció la deuda histórica con las víctimas y expresó el compromiso de prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia sexual.

Entre los avances legales mencionó la derogación de la Ley de Amnistía General en 2016, la imprescriptibilidad para los delitos de tortura y la implementación del Protocolo de Estambul para la investigación de tortura y violencia sexual.

El Estado destacó la labor del Instituto de Medicina Legal, que opera bajo nuevos protocolos de atención integral, y la utilización de cámaras SEL para registrar testimonios sin revictimizar.

Señaló la existencia de redes de protección sanitaria, jurídica y social, que incluyen atención médica de urgencia y notificación obligatoria a las autoridades. Más de 120 funcionarios han sido capacitados en la Agenda Mujer, Paz y Seguridad con el propósito de robustecer la perspectiva de género.

A pesar de estos avances, la delegación de El Salvador admitió la persistencia de obstáculos críticos, entre ellos la antigüedad de los hechos, la pérdida de evidencia, la dificultad para reconstruir contextos y el estigma.

También reconoció que la violencia sexual no desapareció con la firma de la paz, sino que ahora es ejercida por pandillas y otras organizaciones criminales.

Comisionados de la Corte Interamericana, como Bethel y Hochach, cuestionaron la falta de avances en materia de acceso a la justicia, investigación y rehabilitación médica y psicológica para las sobrevivientes. Interrogaron puntualmente si las víctimas y la sociedad civil han tenido voz efectiva en el diseño y monitoreo de los programas de reparación, una cuestión que, a día de hoy, permanece sin respuesta satisfactoria para mujeres como Noelia Serrano, cuyos derechos y sufrimiento todavía esperan reconocimiento y reparación oficial.