
En un 57,47% disminuyó la planilla del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según la Memoria de Labores 2024-2025, dando paso a la reorganización de equipos y la reasignación de funciones para adaptarse a una estructura más compacta y funcional. Con menos personal, la institución priorizó la selección de perfiles clave y la optimización de procesos internos para responder con mayor agilidad a las nuevas exigencias tecnológicas y de transparencia.
Este ajuste se acompañó de una actualización de las herramientas digitales: se renovó el correo institucional, se modernizaron los sistemas de oficina y se mejoró el sitio web, lo cual facilitó la comunicación y el acceso a información tanto para empleados como para la ciudadanía. Estos cambios permitieron que el TSE mantuviera su operatividad y alcanzara mejores resultados, pese a contar con menos recursos humanos.
La reducción de la plantilla obligó a priorizar áreas estratégicas, especialmente ante el reto de organizar en 2027, por primera vez, tres elecciones —presidenciales, legislativas y municipales— en una sola jornada. Esta unificación de procesos, resultado de la reforma constitucional de 2025, implica una logística mucho más compleja, donde la coordinación de recursos humanos, materiales y tecnológicos debe ser precisa para evitar retrasos o errores.

Los comicios se celebrarán el 28 de febrero de 2027 y contarán con un presupuesto total de USD 172,1 millones, de los cuales USD 46,7 millones estarán destinados al proceso del voto en el exterior. Esta asignación refleja la magnitud del operativo y la prioridad de garantizar la participación de los salvadoreños fuera del país.
Otro desafío clave es asegurar la seguridad y transparencia en el voto, tanto dentro del país como en el extranjero. El fortalecimiento de los sistemas tecnológicos, la protección de datos y la prevención de fraudes se han convertido en prioridades para mantener la confianza ciudadana en los resultados.
La actualización y depuración del padrón electoral es fundamental, ya que requiere integrar información de diversas instituciones y asegurar que todos los salvadoreños habilitados —incluidos los residentes en el exterior— puedan ejercer su derecho al voto sin obstáculos.

El TSE también debe adaptarse a los ajustes derivados de la reforma constitucional de 2025, que modificó plazos, reglas y procedimientos para la inscripción de candidatos y la ejecución del proceso electoral, todo esto bajo una estricta vigilancia pública y con un presupuesto más ajustado que en años anteriores.
En materia de transparencia y anticorrupción, el TSE ha avanzado con la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) bajo la Norma ISO 37001. Se han establecido políticas claras, procedimientos internos y canales seguros para la denuncia de irregularidades, además de capacitar al personal en gestión de riesgos e incorporar cláusulas antisoborno en los contratos institucionales. Todo esto refuerza la integridad y la confianza en la limpieza del proceso electoral.
Finalmente, la institución ha fortalecido la articulación con el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Ministerio de Hacienda y la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), así como con organismos internacionales, para compartir datos, coordinar recursos y garantizar la seguridad jurídica y técnica en cada etapa. Según el informe presentado por el ente colegiado, el compromiso con la transparencia, la innovación y la comunicación constante con la sociedad será determinante para que El Salvador celebre en 2027 unas elecciones presidenciales, legislativas y municipales libres, modernas y confiables.
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