La crisis económica y la falta de renovación de la flota acentúan la problemática del transporte público en El Salvador, según advirtieron los voceros de la Mesa Nacional de Transporte, Lucio Vásquez y Luis Regalado, en una entrevista televisiva.
Los representantes del sector aseguraron que el sistema enfrenta un “paro técnico” debido a la disminución sostenida de unidades en circulación y a la ausencia de soluciones estructurales por parte de las autoridades.
De acuerdo con Vásquez, el sector opera bajo una tarifa congelada desde 2002, tras la dolarización, con un valor de veinte centavos para buses y veinticinco para microbuses en zonas urbanas.
La compensación estatal destinada a mantener el precio para los usuarios se entrega con retrasos de hasta ocho meses y no responde a análisis técnicos, según expusieron los empresarios. Vásquez afirmó que el monto adeudado por el Estado supera los 25 millones de dólares, lo que genera problemas de liquidez y obliga a los transportistas a postergar inversiones.
Regalado explicó que la renovación de la flota se ha vuelto inviable. El precio de los autobuses usados importados ha aumentado hasta un 100% en los últimos años. Mientras un bus de segunda mano costaba entre 15,000 y 16,000 dólares, actualmente el precio oscila entre 25,000 y 35,000 dólares.
Además, las regulaciones solo permiten el ingreso de vehículos con un máximo de diez años de fabricación, lo que reduce las opciones y encarece los recambios. “La importación se ha vuelto escasa y los buses que se logran traer muchas veces presentan daños estructurales”, puntualizó uno de los voceros de la Mesa Nacional de Transporte.
Reducción de la flota y auge del transporte informal elevan los costos para los usuarios
Según datos de la Mesa Nacional de Transporte, la flota nacional ha pasado de cerca de 11,000 unidades en 2011 a menos de 9,500 en la actualidad.
Regalado precisó que en la última década se han perdido cerca de 2,000 unidades, lo que representa una reducción de aproximadamente 900,000 movilizaciones diarias. “La población termina pagando más por servicios alternativos ilegales, mientras el transporte colectivo pierde cobertura”, sostuvo el vocero.
La proliferación de servicios informales como mototaxis y “carritos cutés” agrava la competencia, ya que estos operadores no están sujetos a regulaciones, establecen sus propias tarifas y rutas, y absorben parte de la demanda. Los voceros remarcaron:
“La ilegalidad establece sus precios y no hay control efectivo. La población termina pagando más, porque en muchos casos el bus legal deja de pasar y los servicios alternativos cobran tarifas superiores”.
Altos intereses, contratos en prórroga y falta de diálogo profundizan la crisis del transporte público
El acceso al crédito financiero es otro de los obstáculos. Aunque la banca nacional ha mostrado cierta apertura, los intereses alcanzan hasta el 20%, lo que desincentiva la adquisición de nuevas unidades. Vásquez destacó que, pese a estas dificultades, en 2025 y 2026 se proyecta la salida de circulación de otras 900 unidades por vencimiento de vida útil.
Los contratos de concesión representan una preocupación adicional. Regalado indicó que solo entre el 20% y el 25% de los contratos están vigentes; el resto se mantienen en prórroga debido a la falta de renovación por parte de la Dirección de Transporte. Esta situación obliga a los empresarios a pagar doble matrícula anual, lo que incrementa los costos de operación.
El sector solicita la instalación de una mesa de diálogo tripartita (gobierno, transportistas y usuarios) para redefinir el modelo de compensación y actualizar la estructura tarifaria en función de análisis regionales y técnicos. Los representantes señalaron que en Guatemala y Honduras las tarifas urbanas superan los 65 centavos de dólar y también reciben subsidios estatales.
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