
La Justicia española lleva adelante un caso que sacude al fútbol mundial y tiene como protagonista al FC Barcelona, un club que ha quedado en el ojo de la tormenta por haberle pagado millones de dólares durante años a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 25 años. El sumario judicial del caso ha puesto de manifiesto que cobraba cheques del club cada tres días.

Negreira, quien no pagó a los colegiados a su cargo (más allá de algún regalo de poco valor para agasajarlos), recibió del club blaugrana más USD 7,5 millones durante 17 años a cambio de la “presunta misión de garantizar la neutralidad del arbitraje y no perjudicar al club” y una tercera parte del dinero lo cobró en cheques al portador que sus colaboradores retiraban cada tres días, según informó el periódico La Vanguardia.
Este medio ha informado que los encargados de hacer efectivos los reintegros eran su secretaria llamada Concepción y un hombre conocido como José Martínez, amigo personal del ex árbitro. Este último dijo ante la Policía Nacional que ejercía solo de “mensajero” y que los importes no pasaban nunca de USD 3.500.
“Podría ser cada día o cada tres días durante este periodo. Los cobraba a cuenta de la empresa, yo no tenía nada que ver. El dinero no era para mí”, argumentó Martínez.

“Normalmente (los cheques) los cobraban Concepción o José Martínez, y me daban el dinero en efectivo a mí. José era un amigo personal que me hacía el recado para no ir yo. El dinero me lo quedaba yo”, explicó Negreira a Hacienda, tras retirar más de USD 550.000 en efectivo y gastarse 130.000 de su tarjeta de crédito entre el 2016 y el 2019.
El ex número dos del organismo que regula a los árbitros llevaba un alto nivel de vida con “comidas, viajes y hoteles” que poco tiene que ver con su patrimonio acumulado en la actualidad, según el fisco español, que han deducido que el dinero quizás fue a parar al bolsillo de otras personas que aún no han sido identificadas.
Incluso, cuando dejó de cobrar dinero del Barça, que coincidió con su salida del Comité Técnico de Árbitros (CTA), sus gastos disminuyeron notablemente, al punto que su empresa cerró y la secretaria fue despedida.
El vínculo de José María Enríquez Negreira con el FC Barcelona se extendió por obra de una persona ligada a la entidad culé llamada Josep Contreras, miembro de una comisión dentro del Barça, quien ejerció de intermediario entre el club y el hijo de Negreira para que sigan recibiendo pagos.
Contreras, vicepresidente de la Federación Catalana que falleció en diciembre del año pasado y era investigado por otro caso, contrató a Javier Enríquez en el 2016 para que elabore videos de los árbitros y facturaba dicho trabajo a su empresa y luego esta facturaba al Barcelona con un incremento del 33% por la intermediación. La Hacienda Pública sospecha que pudo utilizar tres de sus empresas para desviar fondos del Barça mediante la presentación de facturas falsas o infladas a propósito.

El hijo de Negreira ya reconoció en su declaración policial que entregaba los videos e informes de los árbitros en mano a Josep Contreras en distintas cafeterías donde lo citaba, siempre de forma telefónica y sin usar WhatsApp ni el correo electrónico. Los pagos, que eran de USD 6.000 o USD 7.000 mensuales, procedían de la empresa de Contreras, aunque a veces cobraba directamente de la cuenta personal del directivo.
En este contexto, la UEFA ha considerado que hay suficientes argumentos para una potencial violación de los reglamentos y comunicó que ha abierto un expediente para llevar a cabo una investigación al FC Barcelona en torno al ‘Caso Negreira’.
“De conformidad con el Artículo 31(4) del Reglamento Disciplinario de la UEFA, los Inspectores de Ética y Disciplina de la UEFA han sido designados hoy para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del FC Barcelona en relación con el llamado ‘Caso Negreira”, dice la nota difundida por el ente que regula el fútbol europeo.
A partir de este momento, el conjunto blaugrana está oficialmente bajo la lupa de la UEFA, que podría llegar a aplicar sanciones si considera que hubo irregularidades que atenten contra su código disciplinario. Se especula con que el castigo podría ser el impedimento de jugar sus competiciones –la Champions League, la Europa League o la Conference– por un tiempo determinado.
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