Caso Juan Felipe Rincón: representante de las víctimas advirtió que cinco procesados quedarían en libertad por vencimiento de términos

La audiencia de acusación contra cinco personas procesadas por el caso de Juan Felipe Rincón no se llevó a cabo el viernes 30 de octubre de 2026 debido a que los imputados no se conectaron a la diligencia. La defensa de las víctimas alertó que la sucesión de aplazamientos puede abrir la puerta a una solicitud de libertad por vencimiento de términos.

Vale recordar que el proceso se relaciona con hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá. Los cinco acusados enfrentan cargos que incluyen tortura, presuntamente cometida contra el hijo del exdirector de la Policía Nacional, general (r) William Rincón.

La defensa advirtió que el proceso lleva 115 días sin avanzar a la acusación

El abogado Juan Felipe Criollo, representante judicial del general Rincón, cuestionó que la audiencia de acusación no hubiera podido instalarse y pidió medidas que impidan nuevas suspensiones. Según sostuvo, el expediente acumula 115 días de trámite y está a cinco días de alcanzar la mitad del plazo que podría derivar en un vencimiento de términos.

“Estamos frente a un proceso en el que ya se impuso una medida de aseguramiento y en el que hubo un desgaste del aparato judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Eso es otro punto que yo quería tocarle de un posible vencimiento de términos”, señaló Criollo. Para el apoderado, la falta de avance perjudica a las víctimas y compromete el desarrollo de la administración de justicia.

En sus declaraciones, agregó: “Sé que usted acaba de llegar, pero es mi deber y mi responsabilidad con mi representado y con el mandato que tengo de dejarle esta constancia y esta situación, porque al término que vamos para que acotemos los términos de acusación preparatoria e inicio de juicio, ya en este momento existe un riesgo palpable de dicho vencimiento”.

El Inpec deberá explicar por qué los acusados no ingresaron a la diligencia

Los abogados defensores de los procesados indicaron que sus representados estaban disponibles para intervenir, pero atribuyeron la ausencia a problemas de conexión que, según su versión, no fueron resueltos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Frente a esto, la juez novena Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó requerir al director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, para que informe las razones por las cuales los cinco acusados no participaron en la audiencia virtual.

La funcionaria también decidió dar prioridad al caso dentro de su agenda. La audiencia de acusación quedó programada para el 9 y 10 de noviembre de 2026, fechas en las que se buscará destrabar una etapa que aún no ha podido comenzar.

Liberan a mujer vinculada al caso de Juan Felipe Rincón

De otro lado, una juez de conocimiento dejó en libertad a Solanyi Trujillo Devia y mantuvo presos a otros cuatro procesados por el crimen de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía Nacional, en una decisión que se apoyó en el riesgo que, según la investigación, representarían para los testigos y el avance del caso.

La misma determinación cobijó con medida de aseguramiento preventiva a Juan Sebastián Ávila Ochoa, Camilo Sotelo, Katherine Sotelo y Yeimi Vega. Según informes del caso a los que accedió Semana, la justicia consideró que existen indicios serios sobre los delitos atribuidos y un posible intento de obstrucción derivado del presunto soborno ofrecido a una menor de edad que pasó a ser testigo del proceso.

Ese es el punto central de la decisión judicial: Trujillo Devia seguirá vinculada al expediente, pero en libertad, mientras los otros cuatro continuarán privados de ella por el peligro que, a juicio de la togada, implicaría su excarcelación para quienes deben declarar y para la recolección de pruebas.

Tras la decisión, Guillermo Ortiz, abogado de Trujillo, defendió la decisión de las autoridades, alegando que se dieron como válidas pruebas carentes de fiabilidad y consistencia.

“La juez de segunda instancia realizó un examen con precisión de lo exhibido por la Fiscalía y los errores en que incurrió la juez al momento de tomar la decisión de enviar a mi clienta a detención intramural, sobrevalorando el material y dando por sentado argumentos sin la solidez probatoria exigida por la ley”, resaltó el togado.