La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc, por hechos ocurridos en Tolima, Huila y Quindío durante el conflicto armado.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que atribuyó presunta responsabilidad en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban fuera de combate.
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Según informó Blu Radio, la investigación también documentó el uso de minas antipersonal y de armas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.
Entre los imputados aparecen Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’; y Raúl Agudelo Medina, alias ‘Olivo Saldaña’.
De los nueve comparecientes, ocho fueron imputados como máximos responsables por su liderazgo regional y capacidad de mando. El restante fue señalado por una participación determinante en la comisión de los crímenes.
JEP identificó dos patrones de criminalidad
La investigación agrupó los hechos en dos grandes patrones.
El primero corresponde al control social y territorial, que concentra el 78,4 % de las víctimas acreditadas.
Según la JEP, el Comando Conjunto Central persiguió a personas consideradas enemigas o colaboradoras de la Fuerza Pública y de estructuras paramilitares, impuso reglas de convivencia, presionó autoridades locales y ejerció control sobre tierras y bienes de las comunidades.
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Entre los hechos documentados aparece el asesinato de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles, Tolima, quien había denunciado violaciones a los derechos humanos.
También se registraron amenazas contra alcaldes y dirigentes políticos, así como el asesinato de Mario de Jesús Cardona, candidato a la Alcaldía de Chaparral, durante un acto de campaña en 2003.
La Sala también documentó la masacre de Potrero Grande, en Huila, ocurrida en enero de 2002, además de desplazamientos y despojos de tierras mediante amenazas y presiones para vender predios por debajo de su valor comercial.
El segundo patrón corresponde a los crímenes cometidos durante la conducción de las hostilidades y agrupa el 13,9 % de las víctimas acreditadas.
El 7,7 % restante corresponde a casos en los que las víctimas reportaron conductas relacionadas con ambos patrones.
94 incursiones armadas entre 1991 y 2016
La JEP documentó 94 incursiones armadas del Comando Conjunto Central entre 1991 y 2016.
Según la investigación, esta estructura fue la que más tomas guerrilleras y ataques contra estaciones de Policía perpetró en el país.
Entre los hechos más graves aparece la toma de Roncesvalles, Tolima, en julio de 2000.
Durante ese ataque fueron destruidas más de 30 edificaciones y cerca de 800 personas tuvieron que desplazarse.
Además, 13 policías que se habían rendido después de quedarse sin munición fueron asesinados, pese a que, según la investigación, se les había prometido respetar la vida.
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En Puerto Saldaña, corregimiento de Rioblanco, Tolima, otra incursión ocurrida entre abril y mayo de 2000 dejó al menos 27 civiles asesinados, alrededor de 200 viviendas destruidas y más de 3.600 personas desplazadas.
La investigación también documentó el uso de minas antipersonal en caminos utilizados por campesinos y comunidades indígenas, ataques contra infraestructura eléctrica y utilización de civiles para transportar explosivos o como escudos.
Comparecientes deberán responder ante la JEP
Los nueve comparecientes tienen 20 días hábiles para informar si reconocen los hechos y conductas atribuidos o explicar cuáles no aceptan y por qué.
El plazo total para presentar observaciones y aportar verdad adicional será de 30 días hábiles.
Las víctimas y el Ministerio Público también dispondrán de 30 días para presentar observaciones y solicitar aclaraciones.
La JEP pidió además información que permita avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de 30 personas desaparecidas relacionadas con los hechos investigados.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y posteriormente a la imposición de sanciones propias.
Si alguno niega los cargos, su caso podrá ser remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. En caso de ser declarado responsable en un juicio adversarial, podría enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión.
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