El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara la Semana Milagro, una estrategia para presentar proyectos colombianos a capitales nacionales y extranjeros y convertir la inversión en uno de los motores de la denominada economía milagro. La iniciativa comenzará con contactos empresariales durante una reunión de Naciones Unidas y aspira a impulsar un crecimiento económico de al menos 6%.
La meta incluye elevar la productividad y aumentar la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo, en rueda de prensa, que el país atraviesa uno de sus peores momentos de inversión privada en más de cuatro décadas, tras cuatro años en los que, según su diagnóstico, no alcanzó el nivel requerido y registró un exceso de gasto público.
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La Semana Milagro funcionará como una vitrina internacional para exhibir un portafolio de proyectos en infraestructura, energía, minería, comercio, industria, turismo, agricultura, vivienda y tecnología. De acuerdo con información oficial, el propósito es conseguir los recursos necesarios para ejecutar esas iniciativas.
La primera edición se realizaría muy posiblemente en Estados Unidos. Luego, el plan buscará llegar a Europa, Oriente Próximo y América Latina con proyectos estructurados y medidas destinadas a resolver los obstáculos que hoy pueden impedir su desarrollo.
Proyectos con soluciones para atraer capital

El Gobierno nacional pretende presentar oportunidades de inversión junto con respuestas concretas a los problemas que suelen retrasar su ejecución. Juan Manuel Restrepo explicó que algunos planes se frenan por trabas dentro de las instituciones públicas, por la ausencia de un actor internacional o por la necesidad de incorporar al sector productivo.
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La propuesta busca articular a ministerios, entidades estatales, empresarios y participantes internacionales. En vez de limitarse a ofrecer iniciativas sobre el papel, el Ejecutivo prevé identificar a los inversores que puedan participar en cada proyecto y acercarles las condiciones para materializarlo.
El vicepresidente de la República definió la intención con una frase: “Ponerles un tapete rojo a los inversionistas que quieran llegar a Colombia”. Esa oferta contempla facilitar los negocios de quienes decidan destinar recursos al país.
La estrategia está vinculada con las funciones asignadas a la Vicepresidencia mediante el Decreto 1373. Para el funcionario, esa norma concreta la propuesta de la llamada Patria Milagro, planteada desde el inicio de la administración, cuya viabilidad depende de una economía capaz de crecer, atraer capital y mejorar sus niveles de productividad.
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Menos trámites y capacitación para jóvenes
La búsqueda de recursos no será el único frente de la política económica. El Gobierno plantea una modernización estatal para reducir o eliminar trámites y barreras que, según Restrepo, limitan la actividad empresarial y el crecimiento.
El trabajo se desarrollaría junto con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Secretaría General de la Presidencia. Entre los componentes anunciados figura el uso de inteligencia artificial para elaborar políticas públicas y una estrategia de simplificación de procesos administrativos.
La apuesta oficial es que el Estado deje de ser percibido como un obstáculo para los proyectos de inversión y pase a cumplir un papel de facilitador. Esa transformación acompañaría la promoción internacional de Colombia como destino para capitales privados.
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El tercer componente de la economía milagro se concentra en el mercado laboral. El programa Talento Colombia buscará ofrecer alternativas de estudio o trabajo a jóvenes que no estudian ni trabajan.
La iniciativa contempla formación en ciclos cortos, inteligencia artificial, robótica y tecnologías vinculadas con la cuarta revolución industrial. La capacitación se conectaría con opciones reales de empleo y con las demandas emergentes del mercado laboral.

Por otra parte, el Gobierno nacional expidió 11 decretos para afrontar las afectaciones derivadas el terremoto del 10 de agosto de 2026. El paquete que busca suplir la falta de recursos y de capacidad de respuesta en municipios con menor fortaleza fiscal mediante nuevos mecanismos de financiación, cambios administrativos y medidas sectoriales en energía, salud, educación y obras públicas.
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Una de las bases del paquete es que las entidades territoriales no afectadas concentran cerca de 55% de los ingresos corrientes de libre destinación de los gobiernos territoriales y presupuestaron $924.027.000.000 en sus fondos de gestión del riesgo para 2026. Ese margen fiscal sustenta la decisión de permitir inversiones entre jurisdicciones para dirigir recursos hacia las zonas afectadas, aun cuando no produzcan un beneficio directo para el territorio que aporta.
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