Concejal de Bogotá interpuso queja en la Procuraduría contra Isabel Zuleta por polémicas declaraciones sobre Petro y Abelardo de la Espriella

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sigue generando polémica tras sus declaraciones sobre la supuesta ilegitimidad en la elección de Abelardo de la Espriella como presidente e, incluso, ordenar referirse a Gustavo Petro como presidente y no como exmandatario.

Ante sus palabras, la congresista ahora enfrenta una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por, presuntamente, inclumplir con el deber de todo servidor público a proteger las instituciones y mecanismos de participación del Estado.

La denuncia fue presentada por la concejal de Bogotá Sandra Forero Ramírez, quien considera que las afirmaciones podrían constituir una falta disciplinaria porque fueron pronunciadas por una congresista en ejercicio y durante un acto público.

La queja busca que la Procuraduría revise el contenido completo del video, el lugar donde ocurrió el encuentro y el contexto de las declaraciones. La autoridad deberá determinar si las expresiones están protegidas por la libertad de opinión política o si implican el incumplimiento de deberes propios del cargo.

El caso se originó durante un evento al aire libre, en el que la senadora del Pacto Histórico interrumpió la actividad para rechazar los resultados electorales. Allí sostuvo que Gustavo Petro debía seguir siendo reconocido como presidente de Colombia.

Zuleta afirmó que no permitiría que se lo llamara “expresidente” y pidió mantener vigente su legado político. Después, aseguró que si De La Espriella había “robado” las elecciones, Petro continuaba siendo el mandatario.

“Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente”, manifestó la congresista ante los asistentes. La senadora agregó que la población popular tenía un presidente, mientras que los sectores ricos podían reconocer a De La Espriella.

La queja sostiene que las declaraciones cuestionaron la legitimidad del nuevo mandatario y del proceso electoral, pese a que la autoridad electoral ya había declarado oficialmente los resultados y el presidente electo había asumido el cargo.

La denuncia pide revisar si Zuleta incurrió en una falta disciplinaria

Forero Ramírez argumentó que una congresista activa no puede desconocer públicamente los resultados de una elección presidencial sin que se examine su conducta. Para la concejal, el señalamiento contra De La Espriella aumenta la gravedad del caso.

La promotora de la queja indicó que Zuleta, como servidora pública elegida por voto popular, está sometida al régimen disciplinario aplicable a los integrantes del Congreso. También citó el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución, que asigna a la Procuraduría la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas.

La denuncia reconoce, no obstante, que la Constitución protege las opiniones expresadas por los congresistas durante el ejercicio de su cargo. Esa garantía impide establecer de manera automática que las declaraciones constituyeron una infracción.

Por esa razón, el documento solicita un análisis integral del material audiovisual. La revisión deberá establecer si las palabras de la senadora fueron una posición política amparada por la Constitución o si representaron una conducta incompatible con sus obligaciones como congresista.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos desde varios sectores

El pronunciamiento de Zuleta generó protestas entre dirigentes y sectores políticos que cuestionaron su negativa a reconocer el resultado electoral. Algunos pidieron que las autoridades investigaran el alcance de sus afirmaciones.

El punto central de la controversia no está solo en la crítica al proceso electoral. La discusión también se concentra en que la senadora presentó a Petro como el presidente legítimo y describió a De La Espriella como alguien que obtuvo el poder mediante un fraude.

La concejal Forero Ramírez consideró que esas expresiones podían afectar la confianza en las instituciones y en la autoridad encargada de certificar los resultados. Su solicitud pretende que el Ministerio Público determine si existe responsabilidad disciplinaria.

La Procuraduría aún debe valorar el contenido completo de la grabación y las circunstancias del acto. El análisis será determinante para establecer si el caso queda dentro del ámbito de la libertad de expresión política o si avanza como una investigación formal.