Secretaría de Movilidad de Bogotá afirma que no hubo fotomultas por velocidad entre 2018 y 2020 en el proceso bajo investigación

La discusión sobre el sistema de fotodetección en Bogotá volvió a encender el debate político y jurídico en el Concejo de la ciudad, luego de que la Administración distrital reiterara que la investigación abierta por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte aún se encuentra en etapa preliminar y que, en el universo revisado de comparendos, no existen sanciones por exceso de velocidad.

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, explicó que el proceso administrativo no ha producido decisiones de fondo y que, por ahora, no implica la anulación automática de multas ni la devolución de recursos.

Según la funcionaria, se trata de una actuación en curso que apenas inicia su fase probatoria.

El expediente bajo revisión comprende 293.869 comparendos impuestos a través de 128 cámaras de fotodetección entre el 11 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020. De ese total, 107.326 ya fueron pagados, mientras que 186.543 permanecen pendientes. El recaudo asociado a esas sanciones asciende a $70.773.410.088.

De acuerdo con información citada por el diario El Tiempo, la apertura formal del proceso se dio mediante la Resolución 7073 del 19 de mayo de 2026, un documento de 13 folios que formuló cargos contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

Sin embargo, dicha resolución no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del sistema ni ordena la devolución de dinero o la anulación de sanciones.

Durante un debate de control político en el Concejo de Bogotá, realizado el 19 de junio en el recinto Los Comuneros, la secretaria Díaz insistió en que la investigación “se encuentra en una etapa inicial” y que aún no hay conclusiones sobre posibles irregularidades. En ese sentido, reiteró que el proceso debe respetar el debido proceso administrativo.

Sin sanciones por velocidad en el periodo investigado

Uno de los puntos centrales de la defensa del Distrito se concentró en la naturaleza de las infracciones revisadas. Según la Secretaría de Movilidad, tras el análisis del universo de comparendos, no se registran sanciones por exceso de velocidad dentro del periodo investigado.

La entidad afirmó que el 0 % de los comparendos corresponde al código C29, asociado a velocidad, lo que implica que no hubo fotomultas por este tipo de infracción en el periodo comprendido entre 2018 y 2020 bajo revisión. En cambio, la mayoría de sanciones se concentró en otras conductas: el 88,2 % por estacionamiento indebido, el 6,5 % por sitios restringidos y el 5,3 % por otras infracciones de tránsito.

Este punto ha sido uno de los más discutidos en el debate público, especialmente tras los anuncios del Gobierno nacional sobre posibles revisiones masivas de fotomultas en varias ciudades del país.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había señalado la posibilidad de revocar comparendos en múltiples organismos de tránsito por presunto incumplimiento de requisitos técnicos. En ese contexto, la discusión sobre Bogotá tomó mayor relevancia por el volumen de comparendos bajo análisis.

Alcance de la investigación y posibles efectos

La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte mantienen abierta la investigación sobre el sistema de fotodetección, que podría derivar en sanciones económicas, revisiones administrativas e incluso la revocatoria de comparendos no pagados.

La Administración distrital informó que ya presentó descargos y solicitó la nulidad del proceso, argumentando que las cámaras y procedimientos cumplen con la normativa vigente. No obstante, el trámite continúa en etapa probatoria y posteriormente pasará a alegatos y decisión final.

Según estimaciones de juristas consultados en el debate, la resolución definitiva podría tardar hasta tres años. En caso de que la autoridad determine incumplimientos, Bogotá podría enfrentar una sanción cercana a los 141.000 millones de pesos, asociada al presunto incumplimiento de requisitos del Instituto Nacional de Metrología.

Además, en ese escenario, la ciudad tendría que revocar 186.543 comparendos que aún no han sido pagados.

El tema fue discutido ampliamente por concejales de distintas bancadas. Voceros como Emel Rojas y Julián Forero cuestionaron la comunicación de la Superintendencia, al considerar que podría generar la impresión de que existe una decisión definitiva cuando el proceso apenas comienza.

Otros concejales, como Julián Uscátegui, Juan Manuel Díaz, Juan Quintero, Elkin Huertas, Ángelo Schiavenato, Diana Diago, José Cuesta y Clara Sandoval, participaron en el debate con posiciones divididas entre la necesidad de transparencia en el sistema y la importancia de respetar el debido proceso administrativo.