Familia de Beto Coral se pronunció sobre situación del activista y político, detenido por infracción de las leyes migratorias en EE. UU.

En un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, la familia del activista y político Franklin Humberto Coral Garrido, más conocido como Beto Coral, sostuvo el jueves 18 de junio de 2026 que su detención en Estados Unidos no corresponde al caso de una persona que vivía al margen de la ley, como lo presentó el Departamento de Seguridad Nacional, sino consecuencia de la burocracia del sistema migratorio americano.

En efecto, en el comunicado de dos páginas publicado en su perfil de X, los allegados al influenciador y abogado afirmaron que Coral es un solicitante de asilo que ingresó legalmente al país, esperó más de una década una decisión migratoria y tenía un permiso de trabajo vigente al momento del arresto. En un pronunciamiento público, la familia reclamó su liberación y pidió se respete el debido proceso.

En esta misiva, el detalle que causó mayor atención es que se habló de la vigencia de un permiso laboral, pues Coral contaba con autorización oficial para trabajar hasta 2028, expedida por las autoridades estadounidenses, mientras seguía pendiente la resolución de su caso. Con estos nuevos detalles sobre su situación migratoria, han pedido que el activista quede en libertad para afrontar lo que viene en el proceso.

En el mismo comunicado, el círculo cercano de Coral indicó a la opinión pública que decidió hablar ante “la desinformación y las especulaciones” sobre su situación migratoria. Según ese relato, Coral presentó su solicitud de asilo dentro de los plazos fijados por la ley, después de haber ingresado legalmente a Estados Unidos; por lo que consideran que su detención se llevó a cabo de manera irregular por agentes del ICE.

Asimismo, según esa versión, Franklin Humberto no permanecía en la clandestinidad ni evadía a las instituciones, sino que acudió a los mecanismos legales disponibles y esperó durante años una respuesta que nunca llegó. Con esta declaración buscaron rechazar de manera explícita las versiones que describen el caso como el de una persona que estuviera prófuga, que no respondiera a los llamados de las autoridades.

“Él acudió a los mecanismos legales existentes, siguió los procedimientos establecidos y esperó durante años una respuesta que nunca llegó”, reiteró la familia, que insistió en que sus reclamos no se concentran en discutir afinidades políticas ni en pedir un trato excepcional, sino en reiterar que el trámite migratorio existió, se presentó dentro de término y quedó, en consecuencia, sin decisión definitiva durante más de 10 años.

Según expertos, la prolongada espera en solicitudes de asilo no resulta extraña por la congestión del sistema migratorio de Estados Unidos, aunque para el sistema migratorio del país norteamericano, que ha endurecido sus medidas, no existiría justificación para que Coral haya estado por más de una década en situación irregular; motivo por el cual fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI).

Defensa de Coral se basa en permisos de trabajo expedidos por Estados Unidos

La familia destacó que en el período de espera el activista recibió autorizaciones de trabajo expedidas por las autoridades de Estados Unidos. La última, según precisó, seguía vigente cuando fue detenido y tenía validez hasta 2028. Desde finales de 2015, alegaron que Coral trabajó, pagó impuestos y llevó una vida “pública y transparente”, al desempeñarse, entre otros, como conductor de aplicaciones de movilidad.

En ese mismo apartado la familia de Coral incorporó otro elemento de defensa y sostuvo que el abogado nacido en Medellín, hijo del capitán Humberto Coral, exmiembro del Bloque de Búsqueda asesinado en abril de 1994, no tiene antecedentes penales. Con ello, dejó en claro que, además de un expediente de asilo sin resolver y un permiso laboral vigente, había ausencia de un historial delictivo en su contra.

Y remarcaron que, a partir de su voz crítica, su trabajo político, sus denuncias y su labor de veeduría ciudadana, Coral estuvo acompañado por “múltiples episodios de estigmatización, amenazas y ataques”. Siendo esta una de las razones por las que, según la familia, el pedido de protección debe analizarse con ese antecedente presente y garantizarse los derechos fundamentales a este personaje, de 40 años.

En el apartado final de su mensaje, el círculo íntimo del activista remarcó sus premisas. “Quieren silenciar a Beto, pero las ideas no se encarcelan”, expresaron sus familiares, que insistieron en que “la libertad, la dignidad humana y el debido proceso deben protegerse siempre, incluso cuando existen diferencias políticas”. Por ello, exigieron la liberación de Beto Coral “y el pleno respeto de sus derechos fundamentales”.