El nombramiento de Alejandro Ordóñez como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) generó una nueva controversia política por un episodio ocurrido hace casi cinco décadas, relacionado con su participación en una quema de libros en 1978 y las declaraciones que posteriormente entregó sobre ese hecho.
La designación del exprocurador volvió a poner sobre la mesa cuestionamientos de sectores políticos que recuerdan su participación en la destrucción de varias publicaciones durante su juventud. El debate tomó fuerza luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara sobre la llegada de Ordóñez al organismo internacional.
A través de su cuenta de X, el mandatario lanzó una fuerte crítica contra el nombramiento: “A la OEA llegará quien quemó libros. Quien quema libros terminará quemando seres humanos”.
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El mensaje de Petro hizo referencia a un episodio ocurrido el 13 de mayo de 1978, cuando Ordóñez, junto con integrantes de una organización religiosa llamada San Pío X, participó en una quema de libros que incluía obras de autores como Gabriel García Márquez, Karl Marx y Jean-Jacques Rousseau, además de otros textos considerados por el grupo como contrarios a sus principios.

El hecho volvió a ser recordado tras una entrevista que Ordóñez concedió a la periodista Yolanda Ruiz, en la que fue consultado sobre su participación en esa actividad. El exprocurador no negó el episodio y defendió la acción como una práctica con un propósito formativo.
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Cuando la periodista le preguntó si volvería a quemar un libro, Ordóñez respondió: “Sí, el libro donde estén las frustraciones y las enemistades y los malos recuerdos”. Posteriormente, al ser cuestionado sobre si ese tipo de actos podían afectar la libertad de pensamiento, aseguró que se trataba de “un acto pedagógico”.
La polémica aumentó porque el nuevo cargo de Ordóñez en la OEA ocurre en un momento en que el organismo tiene relación con temas sensibles para Colombia, entre ellos el seguimiento a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Uno de los asuntos mencionados por sectores opositores es el caso relacionado con Petro y la sanción que Ordóñez impuso cuando era procurador general y Petro se desempeñaba como alcalde de Bogotá.
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Desde el Congreso también surgieron cuestionamientos al nombramiento. El senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, afirmó que la llegada de Ordóñez podría generar un conflicto de interés por su relación previa con uno de los casos que involucran al actual jefe de Estado.

“Los cargos públicos no son premios que se reparten, son cargas que se asignan. Todo lo que se ha escuchado alrededor de este nombramiento es el perfil confrontacional de Ordóñez, pero no se habla de la idoneidad que tiene para ocupar un cargo como este”, aseguró el congresista en declaraciones a Caracol Radio.
Flórez agregó que, desde su perspectiva, Ordóñez podría quedar en una posición cuestionable frente a los asuntos que la OEA debe revisar relacionados con Colombia. “Se convierte en juez y parte. Está en un conflicto de intereses que le va a tocar declararse impedido”, afirmó.
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Sin embargo, la decisión también recibió respaldo desde sectores políticos cercanos al exprocurador. El representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, defendió su experiencia y aseguró que cuenta con las capacidades necesarias para asumir nuevamente una representación diplomática.
“Cuando se habla de idoneidad, está completamente preparado para el cargo. Además, ya tiene esa experiencia”, señaló el congresista, quien agregó que algunas críticas estarían relacionadas con las posiciones personales y religiosas de Ordóñez.

El representante recordó que el exprocurador ya había ocupado el cargo de embajador de Colombia ante la OEA y destacó su experiencia en escenarios internacionales.
La controversia alrededor del nombramiento también coincidió con un debate internacional sobre restricciones a libros en instituciones educativas de Estados Unidos.
En algunos estados como Texas, Tennessee y Florida se han presentado retiros de textos escolares y bibliotecas por decisiones de autoridades locales, lo que reavivó la discusión sobre censura y libertad de expresión.
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Entre los libros señalados en esos debates aparecen obras de autores reconocidos como Gabriel García Márquez, incluyendo Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera.
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