Desde la madrugada del jueves 9 de abril de 2026, el acceso a la vía principal entre Bucaramanga y Barrancabermeja —incluyendo la ruta al Aeropuerto Internacional Palonegro— se ha visto interrumpido por bloqueos organizados por campesinos y propietarios rurales.
Los manifestantes, según relatan, consideran que la actualización catastral dispuesta por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi implica un “aumento desproporcionado” en el impuesto predial y estiman que la medida “tendría un fuerte impacto en la economía campesina”.
Las consecuencias de la movilización han afectado a cientos de ciudadanos, como transportadores de carga y viajeros que se dirigian a la terminal aerea cercana a lugar del bloqueo, entre ellos el exjugador de fútbol Julián Téllez. Al ser consultado sobre su situación durante la protesta, Téllez explicó: “Desde la subida de Bucaramanga, casi a la mitad” he tenido que caminar para intentar llegar al aeropuerto, y calculó la distancia: “Sí, por ahí kilómetro y medio”.
Mientras se apresuraba para tomar un vuelo programado a las “6:40 de la mañana”, Téllez comentó su percepción sobre la protesta: “Acabo de pasar el paro, creo que están exigiendo cosas, creo, justas, pero pues tenemos que entender”.
Razón de la protesta
El incremento en los avalúos rurales ha generado una reacción inmediata en Lebrija, donde la administración local, encabezada por el alcalde Gabriel Martínez, ha decidido llevar el caso al ámbito judicial. La demanda interpuesta ante el Consejo de Estado busca revertir la resolución que aprobó la actualización catastral en el municipio.
Las nuevas tarifas, aplicadas por el Igac, han provocado preocupación entre las familias dedicadas a la agricultura y la ganadería. La principal inquietud es el aumento de los cobros, que supera la capacidad de pago de muchos productores rurales. El alcalde señaló que la medida afecta sobre todo a pequeños y medianos propietarios, cuya economía depende en gran parte de sus actividades agropecuarias.
En declaraciones concedidas a Caracol Radio, Martínez aclaró que no rechaza la actualización del catastro en sí, pero cuestiona el método implementado: “No me opongo a que se actualice el catastro, pero debe hacerse con un análisis social que no dañe a nuestras comunidades rurales”, manifestó el funcionario.
La actualización de los avalúos fue ejecutada de manera automática, sin atender las particularidades de la zona, según explicó Martínez. Esta decisión del Igac ha producido lo que el alcalde describe como “un impacto directo en el bolsillo de la gente del campo”.
El debate por los nuevos avalúos rurales en Lebrija se ha replicado en varias zonas del país. El descontento campesino por los aumentos en el impuesto predial y la actualización catastral ha dado lugar a protestas en municipios de Antioquia, Casanare y el Quindío, así como en otras áreas rurales de Santander.
La movilización ha sumado voces de agricultores y propietarios que alertan sobre las graves consecuencias económicas que implican los nuevos cobros. Las advertencias de los afectados se centran en el impacto para las regiones con producción agropecuaria limitada, donde la situación es especialmente delicada.
En diferentes departamentos, los líderes agrarios han solicitado al Gobierno nacional y a las autoridades municipales la suspensión de los aumentos, así como una revisión a fondo del sistema de valoraciones catastrales. Exigen que la metodología contemple la verdadera capacidad de pago de las familias rurales y que se atienda la realidad económica del campo.
El reclamo campesino se fundamenta en la preocupación de que los incrementos de los avalúos y el impuesto predial puedan agravar la precariedad en muchas zonas rurales. La respuesta de las autoridades aún está pendiente y los manifestantes insisten en la necesidad de encontrar soluciones que no asfixien a quienes dependen de la agricultura y la ganadería para subsistir.
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