Colombia registró el mayor retroceso en América Latina en el más reciente índice de democracia elaborado por la unidad de análisis de The Economist, con una caída de 13 posiciones en la clasificación global correspondiente a 2025, en un contexto marcado por el deterioro de la seguridad y el aumento de la violencia política.

El informe, que evalúa a 167 países, señala que el país tuvo “la caída más pronunciada” en su puntuación dentro de la región. Según el documento, “Colombia tuvo el descenso más pronunciado en 2025, causado en gran medida por el aumento de la violencia política”.

El retroceso se produce en un año en el que, a nivel regional, la tendencia general fue distinta. América Latina rompió una racha de nueve años de caídas y registró una mejora promedio, con una calificación regional que subió de 5,61 a 5,71. Además, 13 de los 24 países evaluados mostraron avances en sus puntajes.

Sin embargo, Colombia se desmarcó de ese comportamiento. El reporte atribuye el deterioro a una serie de hechos concretos relacionados con el orden público y el proceso político. Entre ellos, menciona el asesinato de un aspirante presidencial (Miguel Uribe Turbay) y un patrón más amplio de ataques contra actores políticos.

“El asesinato del presunto candidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue un factor importante”, indica el informe . A ese hecho se suman cifras que reflejan un escenario más amplio: “26 políticos fueron asesinados en 2025 y otros 35 sufrieron intentos de asesinato”, de acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral citados en el documento.

El análisis también advierte que estos hechos se dieron en un contexto más amplio de deterioro de la seguridad. “Estos ataques ocurrieron en medio de un deterioro más amplio de la seguridad pública”, señala el texto.

A ello se suma la situación de otros sectores. El informe indica que “los activistas de derechos humanos y sindicales son frecuentemente objeto de ataques”, lo que llevó a una revisión a la baja en la evaluación de los derechos sindicales en el país.

Otro de los elementos que incidieron en la calificación fue una decisión institucional relacionada con la conducción de la defensa. El documento señala que el nombramiento de un militar como ministro generó cuestionamientos sobre la separación entre las fuerzas armadas y el poder civil. “El nombramiento de un general como ministro de defensa […] difuminó la línea sobre el control civil de las fuerzas armadas”.

El índice evalúa variables como procesos electorales, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. En el caso colombiano, el deterioro se reflejó en varios de estos componentes, según el análisis del organismo.

A nivel global, el informe describe una estabilización tras varios años de retroceso en la calidad democrática. Cerca del 75% de los países mantuvieron o mejoraron sus puntajes entre 2024 y 2025, lo que marcó una pausa en la tendencia descendente.

En América Latina, la mejora estuvo impulsada por factores como procesos electorales y participación política, con casos destacados como Bolivia, que registró avances tras elecciones calificadas como libres.

Pese a ese contexto regional, el documento advierte que el panorama para Colombia sigue condicionado por la seguridad de cara a los próximos comicios. “Todas las miradas estarán puestas en la situación de seguridad en Colombia cuando los votantes acudan a las urnas”, señala el informe, que agrega que 81 municipios están en alto riesgo de violencia o fraude, un aumento del 65% frente a las elecciones de 2022.

El índice concluye que, aunque la región muestra señales de recuperación en términos generales, existen diferencias marcadas entre países, con casos como Colombia donde los indicadores registran retrocesos asociados a factores de seguridad, institucionalidad y garantías políticas.