A pesar de las controversias que rodearon a varios funcionarios, el presidente Gustavo Petro ha optado por reubicar en distintas dependencias del gobierno a quienes enfrentaron escándalos o investigaciones, consolidando así un patrón de rotación dentro de la administración.
El caso más reciente fue el de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos), quien recibió una licencia no remunerada hasta el 21 de junio en vez de ser separado de su cargo, como resultado de conflictos dentro de la junta directiva y cuestionamientos sobre su gestión y presuntos problemas legales, según información recopilada por El Espectador.
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Así mismo, Roa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en investigaciones que abarcan presunto tráfico de influencias y violaciones a la normatividad electoral.
Según la investigación adelantada por el ente acusatorio, Roa habría intervenido para que filiales como Hocol beneficiaran a Gaxi ESP S.A.S. en contratos de regasificación en La Guajira. Un dato central en la pesquisa, de acuerdo con la imputación oficial, es que el propietario de esta compañía es quien vendió a Roa un apartamento con un descuento del 34% frente al precio comercial usual.
Además, el exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 enfrenta, además, una citación formal por la presunta superación de topes de gasto electoral y la entrada de fondos no reportados, entre ellos aportes de sindicatos como Fecode y recursos que no habrían ingresado a las cuentas oficiales.
Armando Benedetti
Inicialmente, se destaca Armando Benedetti, que en el inicio del Gobierno Petro fue nombrado como embajador de Colombia en Venezuela, y posteriormente fue embajador ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Sin embargo, en su paso por esa misión diplomática, Benedetti enfrentó una denuncia por presunta violencia de género contra su esposa Adelina Guerrero, hecho que él ha negado públicamente.
Adicional a ello, se conocieron audios en los que el entonces embajador en Venezuela amenazaba a la jefa de gabinete Laura Sarabia con divulgar información sobre el presunto ingreso de 15.000 millones de pesos no registrados en la campaña presidencial en el Atlántico.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado resolvieron la nulidad del nombramiento de Benedetti en la FAO, al determinar que no cumplía los requisitos del manual de funciones: carecía de certificación en idiomas como inglés o italiano y no tenía estudios de posgrado específicos para el cargo.
Pese a ello, en febrero de 2025, Armando Benedetti fue nombrado jefe de gabinete del Gobierno, y más adelante fue designado como ministro del Interior, marcando así su tercer regreso a un puesto clave en la administración de Petro.
Laura Sarabia
De otro lado, se encuentra Laura Sarabia, que inicialmente se desempeñó como jefe de Despacho Presidencial, pero que fue apartada de su cargo en junio de 2023, en medio de investigaciones por presunto abuso de poder, luego de que se denunciara su vinculación con la utilización de un polígrafo sobre Marelbys Meza, niñera del hijo de Sarabia, tras la desaparición de una suma de dinero.
Tres meses después de su retiro de la dependencia en la Casa de Nariño, Sarabia regresó al entorno del presidente Gustavo Petro, ocupando la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), defendiendo públicamente su inocencia frente al caso.
Posteriormente, accedió a la dirección del Departamento de Prosperidad Social (DPS), fue designada Canciller y más tarde nombrada embajadora de Colombia en Londres.
Otros funcionarios
Dentro del círculo de confianza de Petro, Alfredo Saade ejerció durante dos meses la jefatura de despacho y se le encomendó la transformación del esquema de pasaportes, según detalla El Espectador.
Sus posturas públicas a favor de la reelección presidencial y de una constituyente generaron críticas, lo que motivó su traslado. Finalmente, fue envido como embajador a Brasil.
Las controversias también alcanzaron a la extitular de la cartera de Minas y Energía, Irene Vélez, quien dejó el cargo tras denuncias sobre un contrato por $128 millones asignado a su esposo, Sjoerd Van Grootheest, a través del Fondo Colombia en Paz.
Además, Vélez fue acusada de intervenir para que su hijo saliera del país sin cumplir los requisitos establecidos por Migración Colombia. Después de su salida, Vélez fue designada cónsul en Londres y se integró, poco después, como encargada del Ministerio de Ambiente.
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