El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que radicará un proyecto de ley en el Congreso de la República con el que se pretenda derogar la ley de Paz Total, lo que ha intensificado el debate nacional sobre seguridad y política criminal en Colombia.
El mandatario distrital, en una rueda de prensa, señaló que su petición responde a la suspensión de órdenes de captura para 23 cabecillas de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, una medida que, en sus palabras, debilita la justicia y la autoridad del Estado.
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La propuesta tiene como argumento central que esta política favorece a los responsables de delitos graves y pone en entredicho la protección de las víctimas.
El alcalde de Medellín promueve la derogación de la ley de Paz Total (Ley 2272 de 2022) al considerar que, según él, legitima la impunidad hacia líderes de estructuras criminales, quienes estarían recibiendo beneficios fuera de la legalidad.
“La Paz Total es una alcahuetería, lo que hay hoy es el cumplimiento de un acuerdo con la delincuencia, Que las víctimas sepan que estamos de su lado en todos los rincones del país. Seguiremos denunciando”, declaró el alcalde paisa ante los medios de comunicación.
Gutiérrez sostuvo que la suspensión de órdenes de captura, ordenadas inicialmente por la Fiscalía General de la Nación y posteriormente revocadas por la entidad, facilita el accionar delictivo y la presión sobre comunidades afectadas, comprometiendo la seguridad y la confianza en las instituciones colombianas.
Gutiérrez fundamentó su iniciativa legislativa con críticas contundentes a la normativa, asegurando que la suspensión de las órdenes de captura no solo es un error judicial, sino ante todo una estrategia política que favorece intereses electorales.
“Colombia está siendo gobernado por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la Presidencia”, agregó.
Del mismo modo, el mandatario expresó que llevará el debate a instancias internacionales, notificando a la Fiscalía General de la Nación y a autoridades extranjeras sobre el riesgo que representa la liberación de estos cabecillas.
“Le enviaremos información precisa al embajador de los Estados Unidos, al Departamento de Estado, el FBI a la DEA, a HSI, a las agencias americanas, a países en Europa, donde algunas de estas personas también tienen negocios de narcotráfico”, comentó.
También, enfatizó que la política de Paz Total ha terminado otorgando una permisividad riesgosa a estos grupos, poniendo en peligro a las víctimas y a la ciudadanía en general.
El mandatario considera que la ley debilita la lucha contra las estructuras criminales en Colombia. Así mismo, denunció que el Gobierno nacional habría utilizado la suspensión de órdenes de captura como herramienta en el proceso electoral, permitiendo que criminales ejerzan presión en períodos de campaña.
Según Gutiérrez, la aproximación del Gobierno del presidente Gustavo Petro da prioridad a las estructuras criminales sobre los derechos de las víctimas, lo que calificó como una “afrenta contra los ciudadanos sometidos al dominio” de estos grupos.
Además, rechazó que se utilice la reducción de homicidios como justificación para la medida, advirtiendo que los líderes criminales mantienen su poder e influencia desde lugares de reclusión.
El alcalde también alertó sobre los riesgos de asignar la figura de “voceros de paz” a responsables de delitos graves como homicidio y narcotráfico, reiterando que su administración continuará enfrentando a estos grupos con todos los recursos legales. Considera que la ley entrega beneficios que, lejos de fomentar la reconciliación nacional, generan una sensación de impunidad y minan la confianza ciudadana, según informó La FM.
Amenazas en su contra
Entre los 23 cabecillas criminales favorecidos con la suspensión de órdenes de captura, varios suman en conjunto 360 años entre procesos judiciales y condenas. Entre los nombres señalados figuran alias Douglas, alias Zaya, alias Tom, alias Vallejo, alias el Montañero, Albert y Grandepá.
En particular, alias el Montañero fue detenido en 2019, acusado de homicidios y de operar redes de tráfico de drogas hacia Europa, según informes de inteligencia citados por La FM.
Al respecto, el alcalde Federico Gutiérrez precisó que estos jefes son responsables de delitos como secuestro, extorsión, narcotráfico y desplazamiento forzado, y han mantenido durante décadas escenarios de violencia para la comunidad.
Aseguró que muchos de estos líderes continúan ordenando asesinatos y actividades ilícitas desde los centros de reclusión.
“Algunos de esos cabecillas han enviado mensajes de amenazas directas contra mí y el secretario de Seguridad. Alias Douglas fue uno de ellos. Estas solicitudes son una injerencia del Gobierno para que las estructuras criminales ejerzan presión sobre las comunidades”, complementó.
El mandatario instó a la Fiscalía General de la Nación a revisar la fundamentación de la suspensión de las órdenes, argumentando que los motivos presentados por el Gobierno carecen de sustento y representan un riesgo persistente para la seguridad y la integridad ciudadana.
“Voy a enviar una justificación a la fiscal (Luz Adriana Camargo Garzón) para que entienda los elementos de la gravedad que significa levantar esas órdenes de captura, ya que no tiene sustento alguno. Ellos son los que siguen ordenando asesinatos desde la cárcel”, puntualizó.
La controversia sobre la Paz Total continúa tensionando la política colombiana y tiene impactos directos sobre la cooperación internacional y en la imagen del país en la lucha contra el crimen organizado.
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