
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por los hechos ocurridos en el municipio de Briceño, Antioquia, donde en los últimos días se registraron acciones violentas que, según la entidad, podrían constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y graves vulneraciones a los derechos humanos.
Los eventos, indicó el organismo, confirman el agravamiento de las condiciones de seguridad que ya habían sido advertidas en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 y su posterior Oficio de Consumación, emitido en febrero de 2026.
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Los hechos recientes incluyen la interceptación de una ambulancia en la vía Yarumal–Briceño, así como la detonación de un artefacto explosivo en el casco urbano del municipio. Ambos sucesos, según la Defensoría, se suman a un conjunto de acciones violentas que evidencian la persistencia del conflicto armado en la zona.
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Ataque a misión médica y explosión en zona urbana
Momento capturado tras un grave atentado en Briceño, mostrando los daños y la conmoción en la zona - crédito @MiOriente/X
Uno de los hechos señalados por la Defensoría fue la interceptación de una ambulancia que trasladaba a una persona herida en un accidente de tránsito. Según la información entregada, el paciente fue asesinado dentro del vehículo, en un hecho que, de confirmarse, constituiría una infracción al DIH por tratarse de un ataque directo contra la misión médica.
La entidad recordó que este tipo de servicios está protegido de manera especial por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. En ese sentido, advirtió que “este hecho representaría un ataque directo contra la misión médica, protegida de manera especial por el DIH”.
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A este evento se suma la explosión de una motocicleta con un artefacto explosivo improvisado en el casco urbano de Briceño, que dejó como saldo dos integrantes de la Policía Nacional heridos, además de daños materiales en viviendas y establecimientos comerciales.
La Defensoría señaló que estas acciones desconocen principios fundamentales del DIH como la distinción, proporcionalidad y precaución, al tiempo que exponen directamente a la población civil a los efectos del conflicto armado.
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Persistencia del conflicto y riesgos para la población

El organismo indicó que los hechos recientes se suman a otros ya documentados en el Oficio de Consumación de la ATI 019 de 2025, donde se registraron enfrentamientos armados, uso de explosivos con efectos indiscriminados, desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios de personas protegidas y afectaciones a bienes civiles.
En ese contexto, la Defensoría afirmó que “lo ocurrido confirma la persistencia y agravamiento del conflicto armado en el territorio, así como el incumplimiento sistemático de las normas humanitarias por parte de los actores armados presentes en la zona”.
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Asimismo, advirtió que la situación representa un riesgo directo para la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades, incluyendo a niños, niñas, adolescentes y líderes sociales. Según el comunicado, estas condiciones podrían derivar en nuevos desplazamientos forzados y confinamientos, profundizando la crisis humanitaria en el municipio.
Llamado a actores armados y autoridades

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo exigió a los grupos armados que operan en la zona, como el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, el respeto estricto e incondicional del DIH.
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La entidad instó a estos actores a garantizar la protección de la población civil, la misión médica, los bienes civiles y los espacios comunitarios, así como a abstenerse de ejecutar acciones que generen daños indiscriminados o desproporcionados.
De manera paralela, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades civiles, la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) para que se activen los protocolos de prevención y atención humanitaria ante posibles desplazamientos masivos o confinamientos, la implementación de medidas urgentes y diferenciadas de protección para la población civil y el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.
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Igualmente, se pidió garantizar la continuidad de servicios esenciales, especialmente en materia de salud, así como adoptar acciones integrales, oportunas y efectivas para prevenir nuevas vulneraciones de los derechos humanos y del DIH.
Adicionalmente, la Defensoría informó que solicitó la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), con el propósito de analizar la situación humanitaria y de seguridad en Briceño, evaluar la materialización de los riesgos advertidos y coordinar una respuesta estatal articulada.
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