Pese a lograr ser la mayor fuerza política en el Senado, tras alcanzar más de cuatro millones de votos en la jornada del 8 de marzo de 2026, los integrantes de la lista al Senado del Pacto Histórico podría quedar a vísperas de ingresar al legislativo.
Esto se debe a que los abogados Martín Emilio Cardona Mendoza y Juan Esteban Galeano Sánchez anunciaron que presentarán una demanda de nulidad electoral contra ese listado, acción que sería radicada ante el Consejo de Estado.
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Los juristas, en declaraciones citadas por Semana, sostienen que la lista al Senado de la colectividad afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro habría cometido un posible fraude a la ley electoral.
Tanto Cardona como Galeano alegan que la inscripción inicial de la lista del Pacto Histórico se realizó bajo la figura de coalición, para ser modificada posteriormente y presentarse como movimiento unificado durante la campaña, lo que, para los abogados, implicaría en una infracción a la normatividad colombiana.
Por el momento, desde el Pacto Histórico no se ha emitido ninguna postura frente a la posible acción judicial que se estaría presentando ante el Consejo de Estado.
Pelea por curules del Pacto Histórico
Según los datos suministrados del preconteo por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Pacto Histórico alcanzó la primera posición en curules en el Senado, obteniendo 25 escaños con el 22,72% de los votos (4.413.636 votos en total).
No obstante, la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, en medio de la labor de escrutinios realizados por la entidad electoral, anunció que su partido había alcanzado una nueva curul en el recinto democrático.
“¡Recuperamos la curul 26 en el Senado para el @PactoHistorico! Seguimos, vamos por más. Gracias a abogados y testigos que nos apoyan en Corferias. Necesitamos más apoyo, quienes puedan acérquense al pabellón 6″, indicó Carrascal en su cuenta de X.
Sin embargo, la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmó que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones legislativas del 8 de marzo fue mínima, lo que supone un avance considerable en la transparencia y en la confiabilidad del proceso electoral.
De acuerdo con el informe entregado por el organismo electoral el 17 de marzo, la variación entre los resultados preliminares y los definitivos se limitó a 0,20%, es decir, 37.516 votos, lo que representa una mejora significativa frente a los comicios de 2022, que fueron del 5,49%, respectivamente.
“Lo anterior contrasta con lo observado en las elecciones de 2022, cuando se advirtieron comportamientos atípicos en el número de mesas en las que algunas organizaciones políticas no recibieron votación alguna en los resultados del preconteo, en particular por la coalición Pacto Histórico y el Partido Nuevo Liberalismo. Esta situación, que fue corregida en los escrutinios, no se advirtió en este proceso electoral”, señaló Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE en declaraciones a los medios de comunicación.
Otros detalles del informe electoral
De otro lado, la participación de mujeres en el Congreso permanece sin avances significativos, con 50 representantes a la Cámara y 32 senadoras, cifras que ratifican el estancamiento en la equidad de género.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, resaltó la importancia de una reforma político-electoral que garantice la representación paritaria de las mujeres.
“Es absolutamente necesario que el próximo Congreso avance en una reforma político-electoral (…) para garantizar una representación paritaria de las mujeres”, afirmó la funcionaria a Semana.
La organización propone avanzar hacia un modelo más incluyente que integre principios como paridad, alternancia y universalidad, con el objetivo de equilibrar la presencia de hombres y mujeres en los espacios de poder.
El informe también alertó sobre otros riesgos detectados durante el proceso electoral, como el ascenso de discursos de odio y de narrativas de desinformación, factores que pueden incidir negativamente en los niveles de participación ciudadana.
Así mismo, la MOE llamó la atención sobre el posible impacto de intervenciones públicas de funcionarios a lo largo del calendario electoral, al considerar que estas declaraciones podrían influir en la percepción general sobre la legitimidad del proceso.
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