La justicia estadounidense inició en Miami, Estados Unidos, el juicio contra cuatro acusados de haber participado en el complot para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse.
El crimen marcó un punto de inflexión en la crisis política y de seguridad que atraviesa Haití desde 2021. La acusación se centra en una presunta conspiración internacional que condujo al asesinato del mandatario haitiano, ocurrido en su residencia de Puerto Príncipe la madrugada del 7 de julio de ese año, según destacó Miami Herald.
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Moïse recibió doce impactos de bala en el rostro, el pecho y las extremidades, y murió en el acto.
La investigación federal en Estados Unidos identificó a once personas presuntamente involucradas en el plan, entre ellas exmilitares colombianos reclutados por una empresa de seguridad privada con sede en el sur de Florida.
Según la acusación, el grupo de exmilitares fue contratado por la firma Counter Terrorist Unit Federal Academy (C.T.U.), dirigida por Antonio Intriago, ciudadano venezolano-estadounidense, y Arcangel Pretel Ortiz, de nacionalidad colombiana.
La fiscalía sostiene que ambos empresarios, junto a Walter Veintemilla —financista ecuatoriano-estadounidense— y James Solages, ciudadano haitiano-estadounidense, participaron en la ejecución y financiación del operativo.
Todos permanecen detenidos y enfrentan cargos por conspiración para secuestrar y asesinar a una persona fuera del territorio estadounidense, detalló The New York Times.
La muerte de Moïse desencadenó una escalada de violencia en Haití
Organizaciones internacionales reportaron que bandas armadas tomaron el control de amplias zonas de la capital y los alrededores, agravando una crisis humanitaria que afecta millones de personas.
El juicio en Miami sólo involucra a los acusados con vínculos en el sur de Florida, lo que, según expertos citados por el periódico norteameriano, deja sin esclarecer aspectos clave del caso en el ámbito haitiano.
“El lado haitiano de la ecuación está notablemente ausente”, afirmó Jake Johnston, especialista del Center for Economic and Policy Research de Washington que ha analizado la evidencia en nombre de uno de los procesados.
En total, cinco acusados en Estados Unidos admitieron su responsabilidad y recibieron condenas de cadena perpetua.
Un sexto acusado, que proveyó chalecos antibalas al grupo, recibió una pena de nueve años.
El juicio de otro implicado fue aplazado por razones médicas, mientras que el pastor haitiano-estadounidense Christian Sanon será juzgado por separado tras someterse a una intervención quirúrgica.
En Haití, la causa abarca una lista más extensa de procesados, incluidos un exjuez de la Suprema Corte, un antiguo funcionario del Ministerio de Justicia, dos miembros de la seguridad presidencial y agentes policiales.
De los exmilitares colombianos, tres murieron durante el asalto, diecisiete permanecen encarcelados en Haití y dos fueron extraditados a Estados Unidos, donde se declararon culpables y esperan testificar en el proceso que se desarrolla en Miami.
El móvil detrás del crimen del presidente de Haití sigue siendo objeto de debate
De acuerdo con la fiscalía, la empresa de seguridad planeaba inicialmente arrestar a Moïse y entregarlo a las autoridades estadounidenses, con la expectativa de conseguir contratos lucrativos con el futuro gobierno haitiano.
Sin embargo, el plan evolucionó hasta convertirse en un atentado, según los documentos judiciales citados por The New York Times.
La esposa del presidente, Martine Moïse, sobrevivió al ataque y se espera que testifique sobre lo ocurrido. Ella declaró que escuchó a los atacantes hablar en español, aunque nunca vio sus rostros.
Las defensas de los acusados insisten en que sus clientes sólo proporcionaban servicios de seguridad para un arresto legítimo por presuntos delitos de corrupción y abuso de poder.
“En algún momento, un grupo de haitianos decidió que iban a asesinar al presidente”, dijo Emmanuel Pérez, abogado de Intriago, quien aseguró que su defendido se encontraba en Texas la noche del crimen y no supo del ataque hasta después, en declaraciones al mismo diario de los EE. UU..
Durante el proceso judicial, el jurado examinará fotografías de la escena del crimen y videos captados por un dron que sobrevolaba la residencia presidencial. Las imágenes muestran destellos de disparos y movimientos de personas en el exterior de la vivienda.
Entre las pruebas figura también una orden de arresto firmada por el juez haitiano Jean Noelcius, quien declaró bajo juramento haber rubricado el documento bajo coacción. “Me usaron como un títere”, afirmó Noelcius en una videodeclaración recogida por The New York Times.
Las autoridades estadounidenses presentarán evidencia balística que supuestamente vincula fragmentos de bala hallados en la escena con armas utilizadas por los mercenarios. Además, se incluirá un video de la propia C.T.U. en el que Solages asegura ante Intriago y Pretel que “Jovenel no va a salir vivo del país”.
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