La defensa de Ricardo Bonilla solicitó la libertad inmediata del exministro de Hacienda, alegando graves dilaciones procesales y vulneraciones a sus derechos mientras permanece detenido en Bogotá desde el 18 de diciembre de 2025.
La petición, presentada mediante un recurso de habeas corpus, subraya que más de 68 días después de que la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenara su detención carcelaria por su presunta implicación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aún no se ha resuelto el recurso de apelación. Tampoco se ha notificado el acta de reparto o el fallo de segunda instancia, dejando sin respuesta a la defensa del exfuncionario, reveló Semana.
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La defensa de Bonilla González sostiene que estas demoras configuran una vulneración directa a los derechos procesales de quien recientemente cumplió 76 años. En la solicitud, se enfatiza que desde la privación de libertad, “no se ha notificado a los suscritos apoderados ni el acta de reparto ni el fallo que resuelva la alzada”.
La falta de respuesta superior a dos meses obstaculiza la revisión de su detención y deja sin garantía recursos legales básicos para el exministro Bonilla, por lo que solicitan la libertad del que permanece en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), localizado en el noroccidente de la capital colombiana.
Las acusaciones: contratos y aprobación de proyectos en el Congreso
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los cargos consignados contra Ricardo Bonilla son interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer. La investigación sostiene que en 2023 el exministro tuvo “conocimiento preciso sobre la forma en cómo se iban a direccionar contratos que estaban en poder tanto de la Ungrd como del Instituto Nacional de Vías (Invías)”.
La fiscal del caso indicó que Bonilla solicitó al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, tramitar contratos en los que varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público —Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya— “se habían interesado ilícitamente”. El propósito, según la acusación, era “favorecer a los congresistas” y asegurar que, antes del cierre del periodo legislativo, se llevara a votación proyectos en los que el Gobierno tenía interés.
Entre mayo de 2023 y mediados de 2024, el ente acusador sostuvo que Bonilla González y Luis Fernando Velasco establecieron concertaciones con otros actores “conocidos y desconocidos” que tenían como objetivo “cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”.
Esta estrategia, de acuerdo con los fiscales encargados, constituye el núcleo del proceso por el cual Bonilla sigue detenido y a la espera de que se resuelva su recurso de apelación.
Así mismo, entre septiembre y diciembre de 2023, la Fiscalía señala que intercedieron en tres contratos de la Ungrd destinados a la mitigación y atención de emergencias en Saravena, Arauca, Cotorra, Córdoba, y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar, ubicado en el departamento de Bolívar, por un valor de $86.619.000.000.
Las pruebas indican que estos contratos no llegaron a ser direccionados, aunque los congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
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