Petro cuestionó a los banqueros por “negativa a ayudar ante inundaciones,” mientras empresas rechazan impuesto al patrimonio

El presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una dura crítica contra el sector financiero colombiano por lo que calificó como una “actitud codiciosa e inhumana” frente a la crisis humanitaria provocada por las inundaciones que afectan al Caribe colombiano.

A través de un mensaje difundido en X, el mandatario señaló que los banqueros, a pesar de haber duplicado sus utilidades en 2025, se han negado a aportar recursos para atender la emergencia que ya afecta a departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

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“El sector financiero que ha duplicado sus utilidades el año pasado no quiere ayudar con su aporte a solucionar la ola de inundaciones del Caribe colombiano”, afirmó Petro, en una declaración que eleva el debate sobre la responsabilidad social de las grandes empresas en contextos de crisis nacional.

El mandatario advirtió, además, que los niveles de inundación podrían aumentar en los próximos meses, subrayando la urgencia de contar con fondos adicionales para la atención de emergencias.

Esta crítica presidencial coincide con la entrada en vigor del Decreto 0173 de 2026, que establece un impuesto al patrimonio a grandes empresas. La normativa contempla una tarifa general del 0,5 %, pero fija un 1,6 % para sectores específicos, entre ellos el financiero, el minero-energético y el asegurador.

Según el Gobierno, la medida busca recaudar cerca de 8 billones de pesos que serán destinados a atender los daños ocasionados por la ola invernal, con especial atención a la reconstrucción y reparación de las zonas más afectadas.

El impuesto no aplica a todos los sectores: quedan exentas las empresas del sector salud, las compañías intervenidas por el Estado y las entidades de servicios públicos domiciliarios en municipios golpeados por la calamidad.

El Ministerio de Ambiente será el encargado de definir los criterios técnicos para la ejecución de los recursos, priorizando la atención a las zonas más críticas y la recuperación ambiental. La vigencia del tributo será limitada a 30 días y el recaudo se realizará en dos cuotas, el 1 de abril y el 4 de mayo de 2026.

El pronunciamiento de Petro ha generado una fuerte reacción entre los gremios empresariales. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) manifestaron su rechazo al nuevo impuesto, argumentando que la medida podría afectar la inversión, el empleo y la competitividad en sectores estratégicos.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, aseguró a Caracol Radio que el tributo “es multicapa” y no distingue adecuadamente entre aseguradoras y bancos, mientras que Frank Pearl, de la ACP, advirtió al mismo medio sobre el posible impacto negativo en la actividad petrolera, ya golpeada por la caída de la exploración y la reducción de reservas.

Según los gremios, la presión fiscal que enfrentan las empresas ya es elevada. Por ejemplo, las aseguradoras generales reportan una tasa efectiva de tributación cercana al 40 %, y durante 2025 el sector registró una caída del 20 % en utilidades.

A esto se suma la sobretasa del 5% en el impuesto de renta, lo que, según los críticos, podría desincentivar la inversión y limitar la creación de empleo en un contexto económico que consideran desafiante.

Uno de los principales cuestionamientos al nuevo tributo recae sobre la ausencia de una estimación sustentada y verificable sobre el eventual recaudo.

El decreto establece una tarifa general de 0,5% para empresas con patrimonio líquido superior a 10.474 millones de pesos y una tarifa diferencial del 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, aunque el Ministerio de Hacienda apenas ha avanzado un cálculo preliminar de 8 billones de pesos como expectativa de ingreso fiscal.

De acuerdo con el exdirector de la Dian Lisandro Junco, no existen garantías claras de que los recursos recaudados se destinen de manera específica y comprobable a la mitigación de las inundaciones.

Junco señaló al medio El Colombiano: “No sabemos si realmente son $8 billones lo que cuesta atender la emergencia económica”, y recalca la ausencia de cualquier estudio técnico, práctico o analítico que respalde la cifra oficial, algo que tampoco ha sido validado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

El decreto del gobierno contempla que el recaudo atenderá la calamidad pública, priorizando gastos relacionados con la crisis, la recuperación de infraestructura y la garantía de derechos fundamentales en los departamentos afectados, como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó

. Se incluyen además medidas para mitigar riesgos en el mercado de energía mayorista, un impacto sistémico derivado de los recientes fenómenos climáticos.

El centro de estudios económicos Anif proyectó que el impacto fiscal real podría escalar hasta los $13 billones, criticando la claridad y transparencia de los métodos utilizados por el gobierno para calcular su meta de recaudo.

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