Una denuncia sacude al sector educativo colombiano tras revelarse que casi 800 títulos emitidos por la Fundación Universitaria San José presentan presuntas irregularidades, según señaló la congresista Jennifer Pedraza.
La gravedad de la situación es mayor ante la hipótesis de una “universidad de papel” ligada a directivos y familiares de la entidad, lo que podría abrir una nueva vía de explotación hacia miles de estudiantes.
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En la indagación liderada por Pedraza, se identificaron 779 títulos presuntamente irregulares emitidos por la Fundación Universitaria San José.
Este hallazgo surgió tras la revisión de los registros académicos de 1.276 funcionarios públicos que reportaron estudios cursados en dicha institución, datos consignados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). La dimensión de las irregularidades ha convertido el caso en epicentro de debate político y administrativo.
En medio de la crisis de credibilidad de la Fundación Universitaria San José, la representante Jennifer Pedraza denunció un esquema que involucra a socios, directivos y parientes cercanos de la entidad.
Pedraza sostuvo que estos actores “habrían montado otra universidad de papel para seguir jugando con los sueños y el futuro de miles de colombianos”.
Según su investigación, el Politécnico Icaft estaría ofertando programas académicos irregulares, sin los registros calificados exigidos por ley y en convenio con la Corporación Universitaria Reformada (UniReformada). El Icaft únicamente posee autorización legal para impartir programas técnicos y tecnológicos.
“Luego de que denunciamos lo que estaba pasando en la San José, todas sus empresas empezaron a tener movimientos. Hoy existe un riesgo de que los estudiantes engañados en la San José terminen siendo engañados en la universidad de papel que crearon”, dijo Pedraza a Semana.
La representante a la Cámara identificó como responsables a Luis Carlos Gutiérrez (secretario general de la San José), Steffany Camacho (vicerrectora académica) y Andrés David Méndez (representante legal del Icaft).
Pedraza precisó que Gutiérrez y Camacho “habrían puesto a sus familiares como socios de Icaft”, y que, tras los señalamientos públicos realizados en agosto y septiembre de 2025, “hicieron modificaciones en la constitución legal del Icaft para evitar que se relacionara esa institución con la San José”.
También figura en la denuncia Andrés David Méndez, señalado como propietario de la empresa Bluhartman, descrita como “súper contratista de la Fundación de Educación Superior San José”, encargada de captar estudiantes de manera masiva, brindar asesoría tecnológica y coordinar grandes ceremonias de grado.
“Bluhartmann actúa como un habilitador tecnológico y operador comercial del proceso educativo, sin intervenir en la función académica ni en la expedición de títulos. El modelo se sustenta en la separación funcional entre operación digital y responsabilidad académica. Es decir, terceriza parte importante de la operación administrativa de la Fundación San José“, dice la investigación realizada por el equipo de la congresista.
“Una vez captado el usuario y avanzado el proceso comercial, Bluhartmann transfiere al estudiante a la institución de educación superior, que es la que posee el registro calificado y asume formalmente las funciones académicas: diseño curricular, control académico, evaluación y expedición del título o certificación. Esto configura un esquema en el que la universidad conserva la responsabilidad académica, mientras que la experiencia de acceso, comercialización y buena parte de la operación del servicio educativo queda en manos de un tercero privado especializado en marketing y tecnología educativa”, añadió Jennifer Pedraza en diálogo con Semana.
Pedraza advirtió, además, sobre el riesgo de una nueva forma de explotación estudiantil mediante la promoción de convalidación de títulos en el Politécnico Icaft por medio de redes sociales y grupos virtuales de estudiantes y egresados. Según sus palabras, “esto podría constituir una nueva forma de explotar a los estudiantes”.
El escándalo en la Fundación Universitaria San José cobró notoriedad nacional a raíz de la denuncia por la presunta compra de un diploma por Juliana Guerrero, entonces candidata al Viceministerio de las Juventudes del Ministerio de Igualdad. A partir de este episodio, la institución quedó bajo seguimiento constante por parte de congresistas y organismos de control.
Según la representante Jennifer Pedraza, las irregularidades detectadas no son hechos aislados, sino “patrones repetidos en los registros oficiales de servidores públicos”.
La congresista presentó hallazgos que involucran a directivos, proveedores y familiares ligados a la operatoria de la institución y otras entidades educativas asociadas.
El proceso de revisión, abarcando más de un millar de casos, contribuyó a destapar el posible entramado y la naturaleza sistemática de las prácticas denunciadas en el sector educativo colombiano.
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