Crisis por inundaciones obliga al Gobierno a expedir cinco decretos y garantizar alimentación a más de un millón de estudiantes

El impacto de las lluvias atípicas ya no se mide solo en cifras de precipitación, sino en aulas cerradas, suelos saturados y comunidades que intentan recuperarse en medio de la incertidumbre. Frente a ese panorama, el Gobierno nacional expidió cinco decretos este 24 de febrero para definir las acciones que adoptarán distintos sectores bajo el estado de emergencia económica declarado en ocho departamentos del país.

Las medidas responden a una situación que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), dejó más de 115.000 familias afectadas en 161 municipios. Córdoba figura entre las zonas más golpeadas, con cerca de 78.000 damnificados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los frentes prioritarios es el ambiental. En un decreto específico, el Ministerio de Ambiente detalló cómo financiará las intervenciones necesarias para la recuperación de las áreas impactadas. La ministra encargada, Irene Vélez, explicó durante el consejo de ministros en Cartagena que la estrategia apunta a los sectores con mayor capacidad económica.

“La decisión que hemos tomado para financiar las medidas es ir a los sectores de mayor capacidad económica, que en este caso son los generadores de energía. Lo que se propone es que se adicione el 2% de las ventas brutas de la energía del sector para la atención de las emergencias”, precisó Vélez.

La medida se formalizó mediante la adición de un parágrafo transitorio al artículo 45 de la Ley 99 de 1993, norma que rige la política ambiental del país. Según la ministra, “esto aplicaría solamente para aquellas áreas que están afectadas por las emergencias, y solamente para estos proyectos que claramente se deriven de la recuperación de la emergencia”.

El decreto también introduce ajustes técnicos. Entre ellos, la modificación de herramientas de monitoreo de las hidroeléctricas, la ejecución inmediata de obras prioritarias en reservas forestales y un procedimiento abreviado y temporal para trámites ambientales relacionados con agua y saneamiento. Además, contempla acciones de reconexión y restauración de ecosistemas hidrológicos que sufrieron alteraciones por la intensidad de las lluvias.

El documento oficial advirtió que, “la emergencia declarada [...] ha evidenciado una alteración extraordinaria de la dinámica hídrica en múltiples cuencas del territorio nacional, incluyendo aquellas en las que operan centrales hidroeléctricas de gran capacidad instalada, circunstancia que ha generado impactos severos sobre las cuencas hidrográficas, los sistemas regulados, las planicies de inundación, los ecosistemas asociados y las comunidades asentadas en dichas áreas”.

En el caso del río Sinú, una de las principales preocupaciones es la saturación del suelo aguas abajo y la disminución de la capacidad de amortiguación de la represa. Vélez señaló que la estructura se encuentra en un nivel muy alto respecto a su volumen, lo que incrementa los riesgos en la zona.

Mientras el sector ambiental concentra esfuerzos en contener y reparar daños, el sistema educativo enfrenta su propio desafío. En varios territorios, las inundaciones obligaron a suspender clases presenciales o a trasladar la enseñanza a modalidades remotas. Frente a este escenario, otro de los decretos habilitó a las entidades territoriales para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluso cuando no haya actividad académica presencial.

En los ocho departamentos cobijados por la emergencia económica, más de 1,1 millones de estudiantes son beneficiarios del PAE, según cifras de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA). Para muchos de ellos, ese apoyo representa un componente esencial de su nutrición diaria.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, lo explicó así: “Desafortunadamente, en muchos territorios se ha suspendido el calendario escolar, o las escuelas, por haberse inundado, están fuera de funcionamiento. Y el PAE se tiene que garantizar, pues es a veces la única opción alimentaria que tienen niños y niñas en los territorios”.

De acuerdo con el decreto, esta medida se mantendrá “hasta el momento en que se normalicen las condiciones de prestación del servicio educativo.” En conjunto, las disposiciones buscan responder a una emergencia que desbordó lo climático y se instaló en lo social.