Treinta y cinco ciudadanos detenidos en Colombia bajo solicitudes de extradición hacia Venezuela pidieron al presidente Gustavo Petro frenar de inmediato su entrega, argumentando que la amnistía general anunciada en Venezuela hace casi un mes anula la base legal de los procesos en su contra y que su traslado pondría en riesgo sus derechos fundamentales.
La petición, radicada el 23 de febrero de 2026 ante la Presidencia de la República, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo, fue firmada bajo el nombre colectivo “Víctimas del Falso Terrorismo” y está representada por el abogado Kalev Giraldo Escobar, según un comunicado al que tuvo acceso El Tiempo.
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El documento sostiene que los 35 detenidos —32 hombres y tres mujeres— enfrentan en Venezuela cargos por terrorismo, traición a la patria e incitación al odio, delitos que, a juicio de los solicitantes, quedarían incluidos en la amnistía general decretada en Caracas el 30 de enero de 2026 y que, por tanto, ya no justificarían una entrega.
Los defensores piden que se suspendan de inmediato los trámites de extradición y que se activen canales diplomáticos para verificar el alcance real de la amnistía. Según el escrito, la medida venezolana “extinguiría la acción penal respecto de delitos de naturaleza política o conexos”, con efectos directos sobre los pedidos en curso ante las autoridades colombianas.
Además del argumento central de la amnistía, los detenidos sostienen que su eventual traslado vulneraría el principio de no devolución, consagrado en la Convención contra la Tortura, que prohíbe enviar a una persona a un país donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad física están en peligro.
En ese sentido, citan pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ha expresado reservas sobre extradiciones hacia Venezuela ante posibles afectaciones a garantías procesales.
El documento también destaca informes de organismos internacionales sobre detenciones masivas tras las elecciones venezolanas de 2024 y el uso de figuras penales como terrorismo para procesar a disidentes, aludiendo a reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y misiones de la ONU.
Como alternativa, el colectivo propone aplicar el principio “aut dedere aut judicare”, según el cual, cuando la extradición sea improcedente, Colombia debería optar por juzgar los hechos en su propio territorio o mediante mecanismos internacionales, en lugar de conceder la entrega.
Huelga de hambre de colombianos en cárceles venezolanas
La situación de los detenidos en Colombia se conecta con un contexto más amplio de crisis carcelaria en Venezuela.
Más de 80 ciudadanos colombianos recluidos en distintos establecimientos, principalmente en el penal El Rodeo I, se han sumado recientemente a una huelga de hambre, reclamando su liberación y la garantía de asistencia humanitaria.
Según Andreina Baduel, coordinadora del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), la medida se toma “por la dignidad” y para exigir celeridad en los procesos de excarcelación.
La activista advirtió que al menos 50 huelguistas presentan condiciones de salud delicadas, incluyendo personas mayores de setenta años. La falta de atención médica y el deterioro físico en los penales ha sido subrayado tanto por familiares como por organismos de defensa legal.
La Cruz Roja Venezolana anunció que comenzará a asistir y realizar evaluaciones médicas a quienes sean liberados, aunque la atención dentro de las cárceles sigue siendo muy limitada.
Entre las demandas de los reclusos se encuentra el acceso del cardenal Baltazar Porras a los penales y el acompañamiento permanente de la Cruz Roja, visto como indispensable para preservar la integridad de los detenidos durante la huelga de hambre y de agua.
La situación ha trascendido fronteras: Teresa Mise Durá, citada por el diario La Nación de Venezuela, hizo un llamado urgente al gobierno colombiano para proteger a sus ciudadanos detenidos, recordando que son seres humanos que necesitan ayuda y libertad.
La aprobación de la Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional venezolana, impulsada por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y su extradición a Estados Unidos, ha generado expectativas de liberación, pero también limitaciones.
La legislación cubre hechos ocurridos entre 2002 y 2025, pero excluye quienes hayan promovido acciones armadas de actores externos o miembros de fuerzas de seguridad condenados por terrorismo.
Estas exclusiones afectan casos de figuras políticas opositoras, dejando sin efecto la posibilidad de excarcelación inmediata.
Desde el 8 de enero de 2026, familiares de los presos han instalado campamentos frente a varias cárceles, exigiendo mayor rapidez en los procesos de amnistía.
Hasta la fecha, más de 1.500 solicitudes han sido presentadas, pero muchas permanecen sin respuesta, aumentando la preocupación por el deterioro de la salud de los detenidos y la falta de transparencia en la gestión del régimen de Rodríguez.
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