Advierten que marchas convocadas por Petro tras suspensión del salario mínimo buscarían presionar a la justicia: “Hace ver a los jueces como enemigos”

El jueves 19 de febrero se desarrollan varias manifestaciones en distintas ciudades del país, luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a sindicatos, trabajadores y asociaciones a movilizarse para defender el incremento del salario mínimo del 23% para 2026, aumento que fue suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado. El Gobierno había denominado este ajuste como “vital” y lo fijó mediante decreto.

A través de su cuenta oficial en X, la Presidencia de la República promovió la participación ciudadana en las jornadas. “Fue decretado con estudios técnicos y criterios económicos responsables, para garantizar que las y los trabajadores cuenten con un ingreso digno (...) Invitamos al pueblo trabajador a las calles a expresarse”, señaló el mensaje divulgado desde la Casa de Nariño.

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La decisión judicial, según se conoció, no cuestiona el incremento en sí mismo, sino los criterios técnicos empleados para su cálculo, los cuales, de acuerdo con el alto tribunal, no se ajustan a los parámetros exigidos por la ley.

Pronunciamiento conjunto de organizaciones

En respuesta a la convocatoria del mandatario, Transparencia por Colombia, Fundación Mujeres por la Democracia y Fundación para el Estado de Derecho emitieron un comunicado conjunto en el que manifestaron su preocupación frente a lo que consideran un llamado a ejercer presión sobre la justicia.

Las organizaciones precisaron que el alto tribunal no se pronunció en contra del aumento decretado por el Ejecutivo, sino sobre los criterios técnicos utilizados para su determinación. En ese sentido, explicaron: “El Consejo de Estado no falló en contra del aumento que decretó el gobierno, sino acerca de los criterios técnicos con los que lo calculó, sobre los que concluyó que no se ajustan a los que exige la ley, de manera que le exigió al gobierno que presente un nuevo decreto con un cálculo que siga los parámetros obligatorios según la ley.”

El comunicado también hace referencia a las declaraciones del presidente frente a la decisión judicial. “Sin embargo, el presidente insinuó que este fallo va ‘contra los derechos fundamentales de la gente’ y que por lo tanto es una decisión que incentiva ‘la movilización social’. Lo que es claro es que es el presidente Petro quien ha convocado a la ciudadanía a manifestarse ante las sedes de poder judicial en Colombia“.

Posible riesgo para la independencia judicial y la separación de poderes

Las organizaciones advirtieron que, aunque el presidente manifestó que acatará la decisión judicial, el llamado a la movilización podría interpretarse como una forma de presión sobre la rama judicial.

En el comunicado se lee: “En la respuesta del presidente a la decisión judicial, que se presenta como un anuncio de acatamiento, hay un llamado a la ciudadanía a ejercer presión sobre el funcionamiento y las decisiones del poder judicial. El presidente hace ver a los jueces como enemigos del ejercicio y del respeto de los derechos fundamentales de los colombianos, y muestra las manifestaciones contra ellos como la respuesta popular natural y democrática ante sus abusos".

Asimismo, enfatizaron en el principio de autonomía judicial y en la necesidad de preservar la separación de poderes establecida en la Constitución: “En realidad, la respuesta democrática ante las decisiones de la justicia es el respeto por su autonomía en el ejercicio legítimo de sus funciones. Que el poder ejecutivo llame a la ciudadanía a ejercer presión sobre los jueces, cuando sus decisiones no se ajustan a la visión o a la voluntad del presidente, atenta contra el principio de la separación de poderes y pone en riesgo la independencia del poder judicial y de las otras ramas del poder público”.

En el mismo texto, las organizaciones reconocieron la legitimidad de la protesta social dentro del marco constitucional, pero cuestionaron su utilización en este contexto: “Sin duda, la protesta social es legítima y está protegida por la constitución y las leyes. Sin embargo, el gobierno intenta instrumentalizarla para imponer su visión sobre las decisiones de la justicia”.

El pronunciamiento también recordó un episodio ocurrido en febrero de 2024, relacionado con la elección del Fiscal General de la Nación. “Esta no es la primera vez que el presidente Petro intenta movilizar a la ciudadanía contra los jueces. En febrero de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia se tardó en elegir al Fiscal General de la Nación entre los candidatos ternados por el presidente, este calificó la indecisión de la Corte como ‘un golpe de estado’, ante el que convocó una ‘movilización popular general’”, señala el documento conjunto.

Las organizaciones concluyeron su comunicado con un llamado directo al Ejecutivo: “A respetar las decisiones independientes y autónomas de los jueces, a ajustarse a los límites que le imponen la Constitución y las leyes, y a abstenerse de usar la movilización social como una forma de presión indebida sobre el funcionamiento y los fallos de la rama judicial en Colombia”.

Hasta el momento, el Gobierno ha sostenido que el incremento del salario mínimo fue fijado con base en estudios técnicos y que busca garantizar un ingreso digno para los trabajadores. Entretanto, la decisión del Consejo de Estado mantiene suspendido el decreto mientras se revisa un nuevo acto administrativo que cumpla con los parámetros legales señalados por el alto tribunal.