Presidente del Consejo de Estado rechazó declaraciones del Gobierno frente a la suspensión del decreto del salario mínimo: “No se juzga el monto”

Diferentes sectores políticos, económicos y sociales en Colombia han manifestado su postura frente a la suspensión provisional del decreto que estableció un aumento del 23,7% en el salario mínimo para el 2026, decisión que fue emitida por el Consejo de Estado.

Mientras que algunos respaldaron la decisión del alto tribunal, otros lo consideraron como un ataque contra el sector trabajador del país.

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Al respecto, el magistrado Alberto Montaña, presidente del Consejo de Estado, respondió a las críticas por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro y sectores políticos afines, y mencionó que la determinación del tribunal fue por procedimiento y aplicación de la normativa colombiana.

“La decisión reciente se circunscribe a un punto preciso: el decreto expedido ante la falta de consenso no tuvo en cuenta factores que la ley exige expresamente. El artículo 8 de la Ley 278 de 1996 establece que, si no hay acuerdo entre empleadores, trabajadores y Gobierno, este puede fijar el incremento por decreto, pero debe considerar variables objetivas delimitadas de manera taxativa, como la proyección de la inflación, el IPC del año inmediatamente anterior y el crecimiento del PIB. Lo que la providencia advierte es que esos factores no fueron debidamente considerados”, manifestó el magistrado en diálogo con El Tiempo.

Así mismo, recalcó que hubo diferentes acciones populares que expresaban su inconformidad por el monto decretado en diciembre del 2025.

“El Consejo de Estado fue claro en señalar que, en esta etapa inicial, no tenía elementos para concluir que el aumento fuera desproporcionado, y descartó esa tesis. En otras palabras, la decisión no juzga el monto del incremento ni se pronuncia de fondo sobre su conveniencia (...) lo que hace es un cotejo preliminar entre el decreto y las exigencias legales”, indicó Montaña al diario bogotano.

De la misma forma, el magistrado enfatizó en que esta no ha sido una decisión definitiva.

“Lo único que se dice es: miren, a primera vista, cuando se examina el decreto que se expidió, se advierte que no se cumplieron unos presupuestos expresamente establecidos en la ley. Y como no se cumplieron, se ordena su suspensión provisional mientras continúa el proceso judicial, que seguramente concluirá con una sentencia en la que se haga un análisis de fondo, con la profundidad que merece una decisión definitiva”, precisó.

Así mismo, sostuvo que la providencia no desconoció el concepto de salario vital e instó a la ciudadanía para que sus determinaciones no sean utilizadas para la campaña política.

“Hay providencias nuestras que impactan distintos ámbitos de la vida nacional. Pero al juez de lo contencioso administrativo no le corresponde hacer valoraciones de ese tipo (...) Eso no significa que las decisiones judiciales no puedan ser objeto de crítica. Pueden serlo. Lo que no pueden es utilizarse para manipulaciones políticas”, complementó.

Por último, invitó a los críticos de la suspensión del decreto para que, sea cual sea la decisión final sobre la vigencia del decreto, se respeten las decisiones del juez del caso.

“Las personas del común, ustedes los periodistas y cualquier ciudadano tienen derecho, por supuesto, a opinar sobre las decisiones de los jueces (...) el juez tiene que partir de un ambiente de independencia. Y esa independencia nos obliga a no obedecer ningún tipo de presión. A lo único que estamos sometidos es a la Constitución y a la ley”, puntualizó.

Respuesta del Gobierno Petro

Tras las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro manifestó que el decreto provisional tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por la ley.

“El Consejo de Estado debe pedirnos cumplir la ley, la constitución y las sentencias de la corte constitucional sobre la ley. Eso haremos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Entre tanto, el ministro del Trabajo Antonio Sanguino anunció que, tras la reunión de la Comisión de Concertación entre el Gobierno, los gremios y las centrales obreras, se acordó mantener el aumento del 23,7% en el salario mínimo.

“Así que podemos decir que de lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23,7% del salario vital, que es una buena noticia para los trabajadores de Colombia”, recalcó el funcionario en una rueda de prensa.