La defensa de Carlos Mattos, empresario condenado, solicitó ante el Juzgado 42 de Control de Garantías de Bogotá la aprobación de un beneficio judicial basado en el principio de oportunidad, lo que impediría que el procesado regrese a la cárcel.
La petición se fundamenta en manifestaciones de arrepentimiento y en la entrega de dos camionetas nuevas como forma de reparación, en respuesta a las controversias generadas por su caso en la cárcel La Picota.
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Durante la audiencia celebrada el 18 de febrero, la abogada defensora insistió ante la jueza en que Mattos cumple con la causal prevista para conceder el principio de oportunidad, al materializar la reparación a las partes afectadas.
La defensora afirmó que Mattos “ha mostrado arrepentimiento, está dando la cara a la administración de justicia y tiene el propósito de acudir a este mecanismo para mostrar su arrepentimiento frente a esta conducta”.
En esta sesión, la Fiscalía mantuvo su aval al procedimiento, pero la Procuraduría objetó, señalando que los requisitos legales todavía no se cumplen.
El principio de oportunidad permite suspender o interrumpir la acción penal cuando el implicado cumple condiciones como la reparación a los afectados.
En el caso de Mattos, el beneficio lo eximiría de ser procesado por dos delitos, incluido el peculado, a cambio de la entrega de vehículos a la Fiscalía y al Inpec, según informó El Tiempo.
La defensa sostiene que con esta medida se cumple la obligación de indemnizar a las víctimas, lo que respaldaría la solicitud de desistir de la sanción penal.
Carlos Mattos, reconocido en Colombia por su rol como exclusivo representante de Hyundai, perdió la representación tras una disputa con la casa matriz y fue condenado por corrupción. En 2023, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó una pena de cuatro años de prisión por sus salidas irregulares de La Picota, donde fue acompañado por guardias del Inpec a sus oficinas en la capital.
El caso despertó polémica por el trato diferenciado que recibió, generando alarma sobre los privilegios dentro del sistema penitenciario. Además del proceso principal, Mattos figura en investigaciones en las que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo vincula con la supuesta promoción y financiación de estructuras paramilitares en el departamento del Cesar.
La JEP solicitó a la Fiscalía investigar a Mattos y a otros empresarios, como Alfonso Macías y su hermano José Mattos, por la presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones forzadas de líderes indígenas arhuacos en 1990.
La autoridad de justicia transicional también promovió medidas de extinción de dominio sobre propiedades de los señalados, incluyendo casas y fincas en Valledupar y El Copey, que habrían servido como centros logísticos para actividades ilegales.
Las posiciones encontradas entre los entes judiciales marcan la discusión.
La Fiscalía considera procedente el principio de oportunidad porque se acredita la reparación a las víctimas. Por su parte, la Procuraduría sostiene que el empresario no cumple integralmente con los parámetros exigidos y solicita que se deniegue el beneficio.
La defensa, alineada con la Fiscalía, resalta el arrepentimiento de Mattos y su disposición a responder ante la justicia. Para las autoridades de la JEP, el nombre de Mattos sigue ligado a investigaciones judiciales por hechos que incluyen presuntos delitos de desaparición forzada, cuya revisión sigue abierta tras hallazgos forenses vinculados a propiedades de los investigados.
El empresario Carlos Mattos busca acuerdo judicial para evitar nueva condena penal
El empresario Carlos Mattos podría evitar una nueva condena penal tras ofrecer la donación de vehículos Hyundai al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación.
Este posible acuerdo judicial, sustentado en la reciente reforma a la justicia de 2025, permitiría cerrar el proceso mediante una reparación integral, según informó Caracol Radio.
El valor de los bienes propuestos en donación asciende a $182 millones por cada camioneta y más de 25 millones por una motocicleta, sumando un total de 208.025.126 destinados al Inpec.
Los automotores, dos modelos Hyundai Staria 2025 con motor 2.2 Turbo Diesel y 177 caballos de fuerza, cuentan con sistemas de seguridad como dos Airbags, frenos de disco en ambas ruedas, ABS y alerta de colisión frontal, además de puertas de apertura lateral y trasera.
El origen del proceso penal está ligado a incidentes ocurridos en marzo de 2022, cuando se detectó que Mattos salía de la cárcel La Picota escoltado por personal del Inpec y utilizando vehículos oficiales para asistir a reuniones personales, presuntamente bajo excusas médicas no corroboradas.
Aunque la Fiscalía no imputó cargos a Mattos por estos hechos, sí formalizó el proceso contra los tres funcionarios implicados, quienes se vieron obligados a aportar una motocicleta Adventure 250 como parte del acuerdo.
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