El Parque Nacional Natural Tayrona permanece oficialmente cerrado por decisión del Gobierno nacional; sin embargo, en medio de la crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa el área protegida, comunidades indígenas y actores locales decidieron habilitar accesos por su cuenta y retomar el cobro a visitantes, pese a la suspensión total de actividades decretada por las autoridades ambientales y marítimas.
La determinación estatal, formalizada mediante resoluciones expedidas a mediados de febrero del 2026, ordenó el cierre indefinido del parque tras una convergencia de amenazas violentas, ocupaciones ilegales y riesgos ambientales.
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Además, se prohibió el tránsito marítimo hacia el área, con el respaldo de la Capitanía de Puerto de Santa Marta. No obstante, en puntos estratégicos como El Zaino, Neguanje y Calabazo se reportó la reapertura de hecho de ingresos y la exigencia de pagos a turistas nacionales y extranjeros.
Apertura paralela en medio del cierre
De acuerdo con denuncias conocidas por Blu Radio, miembros de comunidades asentadas en la zona —que históricamente han reivindicado la ancestralidad del territorio— permitieron el ingreso de visitantes a ciertos sectores del Tayrona bajo esquemas de cobro directo.
Los pagos, según versiones recogidas en terreno, no corresponden a la taquilla oficial administrada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, entidad que reiteró que cualquier ingreso al área protegida carece actualmente de autorización.
Turistas que llegaron a la zona en los últimos días afirmaron haber cancelado sumas en efectivo para poder transitar por senderos y playas, pese a que oficialmente el parque continúa clausurado.
Operadores turísticos formales también denunciaron incertidumbre jurídica y pérdidas económicas ante la falta de claridad sobre quién ejerce el control efectivo del acceso.
La situación se presenta luego de semanas marcadas por intimidaciones contra funcionarios ambientales, quienes recibieron amenazas y presiones para abandonar sus labores.
El retiro temporal de personal institucional dejó vacíos operativos que facilitaron la ocupación de accesos y el control informal de entradas. Según la entidad, varios trabajadores fueron conminados a dejar sus uniformes y salir del territorio en medio de mensajes intimidatorios difundidos en redes sociales.
Aunque las comunidades indígenas han defendido su decisión como una acción de autonomía territorial y subsistencia económica, el Gobierno sostiene que la administración del parque es una competencia exclusiva del Estado.
El director de Parques Nacionales Naturales advirtió que la autoridad ambiental es civil y no armada, y que la prioridad es garantizar la vida y seguridad tanto de los funcionarios como de los visitantes.
Escalada de tensiones y denuncias de intimidación
Las resoluciones 090 y 091 de febrero de 2026 oficializaron el cierre total del área protegida, tras una evaluación conjunta entre autoridades ambientales y sectores de seguridad.
Según la entidad, la medida respondió a la circulación de amenazas directas contra el personal del parque y a la obstaculización de operativos destinados a frenar construcciones ilegales.
Los hechos se intensificaron cuando, durante una intervención en el sector de Cañaveral para detener edificaciones no autorizadas, comenzaron a difundirse videos intimidatorios contra la jefatura del parque. Posteriormente, se registraron bloqueos en los accesos principales y cobros no autorizados a visitantes, situación que derivó en la pérdida de control institucional.
La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas sobre la presencia y presión de grupos armados en la región, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de quienes trabajan y transitan en el área.
Entre las estructuras mencionadas figuran las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y el autodenominado Clan del Golfo, cuya influencia territorial agrava el panorama de gobernabilidad.
Suspensión marítima y riesgos ambientales
El cierre no solo afecta los ingresos terrestres. La Capitanía de Puerto de Santa Marta suspendió toda autorización de zarpe hacia el parque, con el fin de evitar riesgos en la jurisdicción marítima.
Así, ninguna embarcación turística tiene permiso oficial para arribar a playas como Cabo San Juan o Arrecifes mientras se mantenga la medida.
Parques Nacionales explicó que, además de los problemas de orden público, existen factores ambientales y climáticos que obligan a extremar precauciones. Sectores como Cañaveral, Arrecifes y Cabo San Juan presentan condiciones meteorológicas adversas y requieren monitoreo constante antes de permitir el ingreso masivo de visitantes.
La Oficina de Gestión del Riesgo de la entidad argumentó que el cierre busca proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad. La reapertura solo será posible cuando se emita un concepto técnico favorable que garantice condiciones adecuadas de operación y control
Por ahora, no existe una fecha definida para el levantamiento del cierre oficial. El Gobierno reiteró que cualquier reapertura dependerá de la recuperación del control institucional y de garantías plenas de seguridad.
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