La demanda de reparación y control estatal sobre el turismo en la Sierra Nevada motivó la decisión de las Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena de instalarse en asamblea permanente a las puertas del Parque Nacional Natural Tayrona.
Atanasio Moscote, cabildo gobernador kogui, reclamó la intervención urgente del presidente de la República, Gustavo Petro, y altos funcionarios, a los que solicita no solo presencia física sino compromisos concretos para detener lo que describen como un desconocimiento prolongado de su autoridad territorial.
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El comunicado difundido por los kogui exige que el Gobierno nacional y las entidades de control resarzan los daños ocasionados por la demolición de espacios de trabajo, como el Museo Chairama y el área de camping de Cañaveral.
Moscote enfatizó: “No ha querido reconocernos como autoridad en el territorio y, como consecuencia de eso, se ha estado afectando a la comunidad indígena que está acá en el parque, vulnerando sus derechos al trabajo, a la vida, a estar, a vivir”. Los líderes indígenas condicionan el levantamiento de la protesta a la restitución de estos espacios, que consideran esenciales para la subsistencia de sus familias.
Afirman que estos recursos “en este momento se encuentran subutilizados y en cambio serían utilizados por nosotros como medio de subsistencia por las familias de las comunidades kogui del Magdalena”. Además, solicitaron “el inicio de la construcción de una estrategia conjunta” entre Parques Nacionales, el Ministerio de Turismo y otras entidades estatales para controlar el turismo creciente y nocivo en el páramo y los nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La protesta de las comunidades indígenas coincide con el cierre total del Parque Tayrona, ordenado por Parques Nacionales Naturales tras una serie de situaciones y denuncias de amenazas a guardaparques.
Luisz Martínez, director de Parques Nacionales Naturales, detalló que la decisión fue motivada, en primer lugar, por afectaciones derivadas de la ola invernal y, en segundo término, por actividades no autorizadas de construcción e ingreso de turistas, además de episodios de violencia y amenazas contra el personal.
Martínez declaró a Noticias Caracol: “Se ejerció violencia contra los guardaparques, se les amenazó e incluso se les obligó a quitarse el uniforme. Son actividades que rechazamos completamente”.
Según el funcionario, la administración intentó resolver la situación mediante el diálogo, pero finalmente se recurrió a las autoridades y se ordenó el desmontaje de infraestructuras irregulares.
Por su parte, la Alcaldía Distrital de Santa Marta reconoció el conflicto y ofreció su mediación para facilitar mesas de concertación entre las partes. El comunicado oficial advirtió sobre el impacto económico del cierre, señalando que “la situación actual está ocasionando una fuerte afectación a la economía local, golpeando especialmente a las comunidades que dependen directamente de la actividad turística”. Informes locales estiman que más de 3.500 familias se ven afectadas por la paralización de actividades y la cancelación de reservas hoteleras en la zona.
A pesar del decreto de cierre, las comunidades indígenas reabrieron el ingreso al Tayrona, argumentando su defensa pacífica del territorio y la necesidad de garantizar la subsistencia de sus familias. Moscote enfatizó la exigencia de “verificar los acuerdos que se tienen que cumplir” y de garantizar “el cumplimiento de la garantía de todos los derechos de todos los habitantes, tanto de campesinos como de indígenas y del Estado mismo”.
La Administración distrital hizo un llamado a las partes para que acojan los protocolos de diálogo y reiteró su disposición a facilitar soluciones que permitan retomar la normalidad y la seguridad en el parque, advirtiendo también sobre riesgos adicionales vinculados a la presencia de grupos armados en la región como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn).
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