En los últimos meses, el sistema pensional colombiano, sobre todo, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), se enfrenta a lo que los fondos privados de pensiones calificaron como “uno de los choques más relevantes para el régimen privado en las últimas décadas” y es que dos decisiones del Gobierno nacional —el incremento real del salario mínimo y una reforma en el parámetro de deslizamiento usado para calcular el crecimiento de las rentas vitalicias— generaron una ola de repercusiones que ya afectan a afiliados, pensionados, aseguradoras y las finanzas públicas.
El primer gran cambio se dio en la remuneración básica del país. En 2025, el salario mínimo legal estuvo en $1.423.500, pero para 2026 el Gobierno lo estableció en $1.750.905, aunque ahora el Consejo de Estado lo suspendió de manera provisional, ya que el Gobierno desbordó sus facultades legales al no justificar de forma suficiente y verificable el aumento, reemplazando los criterios técnicos obligatorios —como la inflación y la productividad— por conceptos nuevos como el “salario vital” familiar y la “brecha de suficiencia material”.
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“Este ajuste significa un incremento real cercano a 18 puntos porcentuales por encima de la inflación observada, la mayor alza en más de medio siglo”, explicó la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) en un documento denominado ABC de los efectos de los recientes cambios normativos sobre el sistema pensional. Con una inflación del 5,1%, el ajuste nominal es notable, pero el impacto real es el que genera mayor tensión en el sistema.
El segundo cambio es de carácter técnico, pero igual de profundo en los efectos. El Decreto 1485 de 2025 modificó el parámetro de deslizamiento que emplean las aseguradoras para calcular el ajuste anual de las mesadas de rentas vitalicias ligadas al salario mínimo. Desde 2026, dicho parámetro será el mayor valor entre el promedio real de productividad de la última década y el 35% del promedio del IPC de ese mismo periodo. En la práctica, esto eleva de forma drástica el costo actuarial de las pensiones mínimas y transfiere buena parte del riesgo al sector privado y a los trabajadores.
Por qué es más caro pensionarse ahora
Hasta 2025, el costo de acceder a una renta vitalicia de salario mínimo estaba en torno a $350 millones. Debido a los cambios regulatorios, esa cifra escala a cerca de $550 millones en 2026, lo que representa un aumento del 57%. Es decir, según el informe, “los colombianos ahora deben ahorrar alrededor de $200 millones adicionales para poder pensionarse con un salario mínimo”.
El salto implica mayor tiempo de cotización o la imposibilidad de pensionarse para los que estaban cerca de cumplir el objetivo.
Presión sobre el seguro previsional
Un elemento central en el sistema pensional privado es el seguro previsional, que garantiza cobertura por invalidez y sobrevivencia antes de llegar a la jubilación. La prima de este seguro, junto con la comisión de las AFP, tiene por ley un techo del 3% sobre la cotización obligatoria.
“Con el nuevo escenario, el costo ponderado del seguro alcanza el 2,63%, quedando peligrosamente cerca del límite legal”, precisó Asofondos. Si la tendencia se mantiene, se sobrepasaría ese tope, “generando un vacío normativo: ni las aseguradoras pueden cobrar la prima necesaria, ni las AFP pueden absorber el sobrecosto, poniendo así en riesgo la cobertura para más de 19 millones de afiliados”.
El panorama se agrava por la alta concentración del sector asegurador, debido a que en pocos años se pasó de nueve compañías a tan solo tres activas, lo que redujo la competencia y la resiliencia del mercado.
A cuántos afecta este cambio
El impacto, lejos de ser teórico, podría golpear a más de 115.000 personas en el corto y mediano plazo. Los grupos afectados pueden resumirse así:
- Afiliados obligados a retrasar su pensión:
Se calcula que unas 12.400 personas que planeaban pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia deberán postergar esta decisión porque ya no completan el capital exigido. De ellas, 1.300 ya tenían la edad de jubilación y, según Asofondos, “en promedio deberán cotizar 4,6 años adicionales, pero en casos extremos el aplazamiento puede llegar a 20 años”.
- Nuevos dependientes del Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm):
Antes, podían autofinanciar la propia pensión mínima, pero ahora deben recurrir al respaldo estatal del fondo, siempre y cuando cumplan con las semanas exigidas. En 2026, serían 3.600 personas, y en los siguientes 15 años, otros 32.500.
“El costo fiscal acumulado de este cambio se estima en $4,8 billones a precios de 2026”, alertó el gremio.
- Pensionados bajo retiro programado sin garantía de pensión mínima:
Este grupo de 72.600 personas enfrenta recálculos en sus mesadas, con eventuales reducciones de hasta el 50%. Un caso tipo menciona a quien recibía $3.400.000 mensuales en 2025 y ahora podría quedar en $1.980.000, una baja del 42%.
- Pensionados en retiro programado que quedan en un limbo:
Cerca de 20.000 personas (14.000 hombres y 6.000 mujeres) se ven privadas de migrar a una renta vitalicia al acercarse a mesadas de salario mínimo, pero sin cumplir los nuevos requisitos exigidos.
“Quedan en un limbo jurídico y financiero, sin solución prevista en la normativa”, apuntó la Asociación.
Efectos estructurales
“La combinación del aumento real del salario mínimo y del nuevo parámetro de deslizamiento no genera un efecto aislado, sino una presión estructural sobre afiliados, pensionados y las finanzas públicas”, aseveró el gremio que lidera Andrés Velasco. También crecen los riesgos para el seguro previsional, se trasladan costos desde el Estado a los trabajadores y se incrementa el pasivo fiscal futuro por medio del Fgpm.
Añadió que “el sistema enfrenta mayor incertidumbre, más años de cotización exigidos, menores pensiones y un traslado explícito de costos a los afiliados, pensionados y administradoras privadas”.
El debate público debería girar ahora sobre la sostenibilidad del modelo y la urgencia de ajustes regulatorios que eviten —en palabras de Asofondos— “que el incremento del salario mínimo termine erosionando el ahorro pensional de millones de trabajadores”.
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