La presentación de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la canciller Rosa Yolanda Villavicencio desató una nueva controversia en el escenario político.
Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia, hizo pública una denuncia a través de un mensaje difundido en redes sociales, señalando presuntas irregularidades en la coordinación de asuntos electorales en el exterior, específicamente en Madrid, España.
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De acuerdo con la información compartida en X por el propio Ruiz Orejuela, la queja se fundamenta en la supuesta intervención de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio en temas relacionados con el proceso electoral colombiano fuera del país.
El exfuncionario expresó que, según la Constitución, la organización de las elecciones es competencia exclusiva de la organización electoral, mientras que el Gobierno únicamente puede prestar apoyo logístico, pero no asumir la dirección de los comicios.
“La Constitución es clara. La organización de elecciones corresponde única y exclusivamente a la organización electoral, no al Gobierno”, puntualizó Ruiz.
El exministro hizo énfasis en el artículo 121 de la Carta Magna, el cual establece que ninguna autoridad puede ejercer funciones que la ley no le atribuye. Ruiz Orejuela recalcó que el papel de la Cancillería debe limitarse a aspectos logísticos y no a la coordinación directa de asuntos electorales.
“Esto no es un debate político, es un posible caso de extralimitación de funciones”, subrayó el denunciante.
La actuación de la canciller Villavicencio en Madrid generó interrogantes sobre la separación de poderes en el país y el respeto a los procedimientos establecidos para la organización de procesos democráticos en el exterior.
Ruiz Orejuela sostuvo que la protección de la democracia exige la observancia estricta de las competencias atribuidas a cada institución, subrayando que, en caso de dudas, corresponde a los entes de control investigar.
Hasta el momento, ni la Cancillería ni la propia Villavicencio han emitido comunicados oficiales en respuesta a la denuncia presentada.
Esto dice la demanda de Wilson Ruiz Orejuela en contra de la canciller
Según el documento dirigido a Gregorio Eljach Pacheco, titular de la Procuraduría, el exfuncionario solicita que el órgano de control investigue si la ministra de Relaciones Exteriores asumió competencias reservadas a la Organización Electoral.
El hecho se relaciona con una reunión realizada en Madrid, donde, de acuerdo con información publicada por Caracol Radio, la canciller habría liderado un encuentro con cónsules colombianos para tratar temas vinculados a los comicios fuera del país.
La denuncia sostiene que la Constitución Política de Colombia establece la responsabilidad exclusiva de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral en la organización y dirección de los procesos electorales. Ruiz Orejuela advierte que “el Ministerio de Relaciones Exteriores no hace parte de la Organización Electoral ni tiene competencia constitucional para dirigir o coordinar aspectos sustanciales del proceso electoral”.
“Permitir que el Gobierno asuma funciones electorales, aunque sea bajo la apariencia de coordinación, erosiona el principio de legalidad y la confianza en la neutralidad del sistema democrático”, argumenta el denunciante en su escrito oficial.
El exministro cita varios artículos constitucionales y disposiciones del Código General Disciplinario para fundamentar su solicitud. Entre ellos, el artículo 6 establece que los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus competencias.
Además, menciona que el artículo 39 de la Ley 1952 de 2019 prohíbe a los funcionarios incumplir deberes o sobrepasar sus atribuciones. “No se trata de un debate político, sino de una cuestión de competencia constitucional”, señala Ruiz Orejuela en uno de los apartados del documento.
La denuncia resalta que la independencia de la autoridad electoral constituye un pilar de la democracia, una postura respaldada en reiteradas ocasiones por la Corte Constitucional.
Ruiz Orejuela solicita que la Procuraduría determine si existió asunción indebida de funciones y, de ser así, adopte las sanciones correspondientes.
“Que, de acreditarse responsabilidad, se impongan las sanciones correspondientes conforme al régimen disciplinario vigente”, finalizó.
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