Bogotá abrió subasta para el uso temporal de 21 predios demolidos en la carrera Séptima, entre calles 24 y 99

Un proceso público permite la utilización de los lotes por tres años, prorrogables, con actividades acordes al sector, lo que garantiza el mejoramiento urbano y nuevos recursos para la ciudad

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La estrategia del IDU busca
La estrategia del IDU busca prevenir que los lotes ociosos sean ocupados ilegalmente o se conviertan en focos de inseguridad urbana - crédito IDU

Bogotá avanza en una estrategia para el uso temporal y adecuado de los predios demolidos a lo largo de la carrera Séptima, en el tramo comprendido entre calles 24 y 99.

Tras dos años de trabajo en la reglamentación y metodología necesaria, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) habilitó por primera vez el aprovechamiento económico temporal de los 21 predios adquiridos y demolidos en la zona, en tanto se inicia la fase de construcción de obras definitivas del corredor vial.

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El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la ciudad ha trabajado para que los lotes, actualmente cercados y bajo vigilancia, no permanezcan ociosos ni se conviertan en focos de vandalismo, inseguridad o invasión.

La estrategia busca mejorar el paisaje urbano y la percepción de seguridad en el sector, hasta que los predios sean requeridos para la ejecución de las obras programadas, cuya licitación se prevé para finales de 2027.

Bogotá abrió convocatoria pública para
Bogotá abrió convocatoria pública para el aprovechamiento económico de lotes, con contratos por tres años prorrogables hasta el inicio de obras - crédito IDU

A partir de eso, el IDU abrió un proceso de selección pública a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), bajo el código IDU-IP-DTAI-001-2026, en el que podrán presentarse ofertas para el aprovechamiento económico de estos predios por un periodo de tres años, prorrogables hasta que inicie la obra.

El plazo para la recepción de propuestas se extiende hasta el 23 de febrero de 2026. La selección de las propuestas válidas se hará mediante una subasta al alza, que partirá de un precio base determinado por avalúo de renta.

Según el director Molano, están abiertas las puertas a personas naturales o jurídicas, de forma individual, en consorcio o en uniones temporales, para negocios o actividades de comercio y servicios que sean permitidos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y acordes con la dinámica del sector.

El Instituto de Desarrollo Urbano
El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá habilitó el uso temporal de 21 predios demolidos sobre la carrera Séptima, entre calles 24 y 99 - crédito IDU

Los usos autorizados incluyen restaurantes, cafés, containers comerciales y actividades que contribuyan a la seguridad, tranquilidad y calidad de vida tanto de residentes como de transeúntes. Los recursos obtenidos de estas actividades se destinarán al mejoramiento del espacio público en Bogotá, lo que representará un beneficio doble: optimización del entorno urbano y recaudación de fondos para la ciudad.

Los 21 predios están agrupados en 14 lotes, los cuales son:

  • Carrera 7 # 44 – 17
  • Carrera 7 # 51A – 14
  • Carrera 7 # 51 – 28
  • Calle 51 # 6 – 75
  • Carrera 7 # 49 – 52
  • Carrera 7 # 58 – 18
  • Carrera 7 # 57 – 58
  • Carrera 7 # 57 – 75
  • Carrera 7 # 80 – 16
  • Carrera 7 # 79B – 26
  • Carrera 1 # 84B – 85
  • Carrera 1 # 84C – 13
  • Carrera 1 # 84C – 35
  • Carrera 1 # 84D – 20

Paralelamente, el IDU tomó posesión de la obra de la avenida Francisco Miranda (calle 45), entre carreras Séptima y Quinta, tras la finalización del contrato con el consorcio Belzcon S.A.S., que no cumplió con el objeto contractual, ejecutando únicamente el 43,39 % de la obra.

Molano detalló que el contratista llegó al 90% de avance en el costado sur de la vía, pero no inició las obras en el costado norte ni culminó las actividades en la calzada y el espacio público entre carreras 4 y 5.

El consorcio responsable enfrentó sanciones
El consorcio responsable enfrentó sanciones económicas y la posible caducidad del contrato, como parte de las acciones por salvaguardar el interés público - crédito IDU

El incumplimiento fue evidenciado por la interventoría y el propio IDU, que señalaron la falta de planeación, administración y recursos humanos y técnicos por parte del contratista, además de la ausencia de un plan de mitigación adecuado para recuperar el tiempo perdido.

Tras la terminación del plazo contractual y la falta de avances en el costado norte, el IDU inició el proceso para declarar la caducidad del contrato, actualmente en etapa probatoria debido a un recurso de reposición interpuesto por el contratista.

Mientras tanto, se hizo efectiva la cláusula penal por $4.716.072.356 y se impuso una multa de $606.411.000 a la firma responsable. El director del IDU enfatizó que la entidad brindará todas las garantías a los contratistas, pero ante el incumplimiento, se aplican las sanciones correspondientes y se toman medidas para salvaguardar el interés público.

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