En las riberas del Bajo Caguán el silencio ya no es sinónimo de calma. Las comunidades de Cartagena del Chairá, en el oriente del Caquetá, viven semanas marcadas por el temor, las restricciones y la incertidumbre. La Defensoría del Pueblo encendió una alerta urgente ante lo que califica como una grave crisis humanitaria derivada de la intensificación de la confrontación entre grupos armados ilegales que disputan el control territorial.
El organismo de control advirtió que el deterioro de la situación de seguridad impacto de manera directa a la población civil, especialmente en zonas rurales donde la presencia institucional es limitada. Allí, campesinos, niños y adultos mayores enfrentan confinamientos, dificultades para movilizarse y riesgos constantes asociados al recrudecimiento de los combates.
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Según la Defensoría, el origen de esta nueva escalada está en la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias Calarcá, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, liderado por alias Iván Mordisco. Ambas estructuras disidentes mantienen una disputa armada por el dominio de corredores estratégicos en el sur del país.
“Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población”, explicó la Defensoría. La entidad recordó que estos riesgos habían sido señalados desde 2024, cuando se alertó sobre la creciente tensión en la región.
Uno de los últimos episodios ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el inicio de un “paro armado” en Cartagena del Chairá. La medida se sumó a otra similar proclamada por el mismo grupo en diciembre de 2025, incrementando la presión sobre la vida cotidiana de los habitantes.
Las restricciones no son nuevas. Desde octubre de 2025, el sector del Bajo Caguán enfrenta limitaciones de movilidad luego de que integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño impusieran órdenes que restringieron la circulación y alteraron el desarrollo normal de actividades productivas y sociales. En la práctica, esto ha significado menos acceso a alimentos, dificultades para recibir atención médica y obstáculos para que niños y jóvenes asistan a clases.
La Defensoría del Pueblo señaló que estas medidas de facto profundizaron la vulnerabilidad de comunidades campesinas que ya arrastraban brechas históricas en infraestructura, servicios públicos y presencia estatal. El confinamiento prolongado afecta no solo la economía local, basada en actividades rurales, también la salud mental y el tejido social de las familias.
Frente a este panorama, el llamado fue directo a los actores armados. La entidad exigió que excluyan de manera estricta a la población civil de las hostilidades y que se abstengan de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades, en cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario.
Al mismo tiempo, instó a las autoridades en todos los niveles a actuar con celeridad. “Se insta a las autoridades de los niveles local, departamental y nacional a implementar acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoques diferencial y de acción sin daño, orientadas a la protección y atención integral de la población civil en riesgo”, concluyó la entidad.
El mensaje apunta a la necesidad de respuestas articuladas que incluyan asistencia humanitaria, garantías de seguridad y estrategias de prevención para evitar nuevos desplazamientos y afectaciones. La coordinación entre instituciones será clave para contener el impacto de la disputa armada y proteger a quienes permanecen en el territorio. Mientras tanto, la Defensoría aseguró que mantendrá un seguimiento permanente a la evolución de los hechos y que continuará ejerciendo su labor constitucional de defensa y garantía de los derechos humanos en la región.
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