
La posibilidad de autorizar el ingreso de camiones extranjeros desde Ecuador sin transbordo en la frontera sur ha encendido las alarmas en el sector transportador colombiano.
La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) advirtió que, de avanzar esta medida, podría convocarse un paro nacional, debido a los riesgos que esta situación representaría para el comercio interno y la competitividad del transporte local.
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El planteamiento de la ACC surge en medio de preocupaciones por la falta de reciprocidad entre ambos países, la diferencia en los precios del diésel y el impacto que podría tener sobre los conductores colombianos.
Edison Mena, representante de la ACC en Ipiales, aseguró a La República que el transporte directo “nunca ha generado buenos resultados. Produce monopolización y facilita el contrabando de combustibles y medicamentos. Además, nunca ha existido reciprocidad por parte de Ecuador para los transportadores colombianos.”
Según los transportadores, permitir que los camiones extranjeros operen sin restricciones no solo limitaría la participación de los transportadores nacionales, sino que también favorecería a grandes compañías internacionales que podrían dominar el mercado local.

La preocupación también se centra en el posible incremento del contrabando de productos sensibles como combustibles y medicamentos, lo que afectaría la seguridad y la economía del país.
Desde el Ministerio de Transporte, sin embargo, se ha buscado aclarar la situación. La ministra María Fernanda Rojas aseguró que la entidad no ha participado en mesas de diálogo, concertación o negociación sobre el ingreso de vehículos internacionales a Colombia sin transbordo.
“No existe evidencia de procesos formales realizados por entidades del sector en torno a esta cuestión”, afirmó Rojas, señalando que el Ministerio ha iniciado solicitudes institucionales para esclarecer la información difundida en medios de comunicación.
La ministra insistió en que el Gobierno trabaja bajo la actual normatividad y mantiene la disposición de escuchar a todos los actores involucrados. “Nuestra voluntad es avanzar con transparencia, coordinación y responsabilidad institucional, escuchando a los transportadores y garantizando que cualquier decisión relacionada con transporte internacional cuente con sustento técnico y claridad para todos los actores”, explicó a través de sus canales oficiales.

El Ministerio de Transporte subrayó que se encuentra procesando solicitudes oficiales para identificar el origen y alcance real de las informaciones divulgadas, con el objetivo de brindar claridad al sector transportador. La entidad también reiteró su compromiso de mantener informado al país sobre cualquier novedad y de asegurar la conectividad, competitividad y fortalecimiento del transporte de carga en Colombia.
En el gremio de transportadores, el tema de la reciprocidad sigue siendo un punto crítico. La ACC sostiene que la diferencia en los precios del diésel entre Colombia y Ecuador genera condiciones desiguales, afectando la operación de los conductores nacionales frente a las empresas extranjeras que podrían beneficiarse de costos más bajos.
“Si se permite el ingreso directo de camiones ecuatorianos, los transportadores colombianos estaríamos en desventaja frente a las compañías internacionales que operan con costos mucho menores, y esto podría poner en riesgo nuestra competitividad”, agregó Mena.

El escenario también plantea interrogantes sobre la seguridad y la fiscalización en la frontera sur. Para los transportadores, la apertura de este tipo de transporte sin medidas claras de control podría facilitar el contrabando de productos, especialmente de combustibles y medicamentos, lo que pondría en riesgo tanto la economía como la seguridad de las comunidades fronterizas.
Por ahora, la ACC mantiene su postura de advertir sobre las consecuencias de avanzar en esta medida sin garantías y sin un marco claro de reciprocidad con Ecuador. El gremio no descarta convocar acciones de presión, incluyendo un paro nacional, si se implementa un sistema de transporte directo que, a su juicio, perjudicaría a los transportadores colombianos.
La entidad ha reiterado que cualquier decisión sobre transporte internacional será tomada con base en análisis técnicos y buscando proteger la competitividad y la seguridad del sector.
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