
La decisión de Estados Unidos de flexibilizar el marco regulatorio para las transacciones energéticas con Venezuela ha abierto una nueva ruta comercial que Colombia busca aprovechar.
El país proyecta importar gas venezolano, como confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que detalló que las negociaciones se iniciarán cuando entren en vigencia las licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).
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Esta perspectiva plantea un doble objetivo: obtener el recurso a un precio inferior al del mercado internacional y avanzar hacia una integración energética regional que podría abarcar, en el futuro, petróleo, energías limpias y transmisión eléctrica.
Entre los argumentos centrales de la estrategia gubernamental figura la necesidad de expandir las licencias a otros sectores energéticos, especialmente el eléctrico, para reactivar las interconexiones entre los dos países.
El ministro Edwin Palma manifestó en su cuenta de X: “Clave que este tipo de licencias se amplíe para los temas eléctricos y así poder reanudar rápido las interconexiones entre ambos países”, mientras que el presidente Gustavo Petro evocó la importancia de la cooperación tripartita: “Y si gringos, venezolanos y nosotros ganamos los tres, ¿qué esperamos? Porque si se hubiera podido conectar el gas de Venezuela, se acababa el miquito de la codicia”.

El enfoque inmediato del Gobierno nacional se centrará en importar gas, con la expectativa de que el suministro venezolano permita contrarrestar el alza de precios internos y garantizar abastecimiento.
El propio ministro Palma comunicó la postura oficial: “Con licencia Ofac, como alguna vez lo dijimos, empezaremos diálogos con Venezuela para traer gas barato y rápido a nuestro país como lo mencionó hoy el Presidente, Gustavo Petro. Sin perjuicio de que podamos hablar de petróleo, generación de energías limpias y transmisión eléctrica”, según informó a través de la red social X.
El anuncio se da tras la difusión de las nuevas directrices estadounidenses, que, según detalló la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, incluyen una serie de licencias generales que habilitan a empresas y ciudadanos estadounidenses a participar en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural en Venezuela bajo condiciones delimitadas.
Entre las operaciones autorizadas se cuentan el mapeo geológico, el análisis de yacimientos y tareas de apoyo logístico, como servicios de transporte, seguros marítimos y mantenimiento de equipos industriales.
La nueva autorización permite transacciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para suministrar bienes, tecnología, software y servicios destinados a las operaciones energéticas en Venezuela.
Además, avala contratos con el Gobierno venezolano y la estatal Pdvs, siempre que estos se rijan por la legislación estadounidense y que los pagos, excluidos los impuestos o tasas locales, se efectúen a través de cuentas designadas por el Tesoro de Estados Unidos.
Las compañías participantes deberán entregar informes detallados en los diez días siguientes a la primera operación y luego cada 90 días, describiendo las partes involucradas y los montos transaccionados.
El paquete de medidas tiene limitaciones estrictas: prohíbe cualquier transacción con personas o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, y bloquea las operaciones con sociedades bajo control de empresas establecidas en China o residentes en ese país.
Además, según la comunicación oficial, la política no representa un levantamiento total de las sanciones vigentes, sino la apertura de un canal sectorial bajo estricta vigilancia contractual y financiera por parte de Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro enfatizó ante sus ministros la conveniencia de avanzar en la integración energética con Venezuela, señalando: “Si el gas venezolano sirve, de una, hermano, de una”.
Esta señal refuerza la línea gubernamental de buscar acuerdos que contribuyan a la estabilidad energética y económica nacional, mientras se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de los requisitos regulatorios que impone la autoridad estadounidense.
Colombia aspira, así, a consolidar una alianza energética que, además de procurar gas a precios más bajos, siente las bases para dialogar sobre proyectos de crudo, electricidad y energías alternativas con Venezuela, condicionando cada avance a la evolución de las restricciones y permisos otorgados desde Washington.
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