Una ciudadana colombiana identificada como Lina María Orovio Hernández fue declarada culpable en Estados Unidos, todo luego de que se comprobó que vivió más de dos décadas bajo una identidad (identificación o ID) robada.
En dicho periodo, Orovio Hernández obtuvo beneficios federales por más de 400.000 dólares, emitió un voto ilegal en las elecciones presidenciales de 2024 y accedió a documentos oficiales, según información divulgada por el Tribunal Federal de Boston.
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El caso radica en un robo de identidad bajo los programas sociales del país, una cuestión delicada para cualquier persona que se atreva a intentar burlas las normativas del país norteamericano.
El fallo del jurado establece que la colombiana de 59 años utilizó una identidad falsa para obtener documentos como una Real ID de Massachusetts y solicitó un pasaporte estadounidense, además de gestionar un total de nueve identificaciones estatales.
Uno de los datos destacables del cierre del juicio es que la procesada también enfrenta una posible deportación, que deberá cumplirse tras la condena que se le imponga, destacó el comunicado emitido por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito de Massachusetts.
Así fue como la colombiana logró permanecer sin ser detectada por las autoridades estadounidenses
Orovio Hernández permaneció bajo custodia federal desde febrero de 2025, fecha de la primera acusación formal, y más tarde fue procesada por acusación sustitutiva en mayo de ese año.
El veredicto la encuentra culpable de siete delitos federales: falsa representación de un número de Seguro Social; declaración falsa en solicitud de pasaporte; robo de identidad agravado,; tres cargos de recepción de dinero o propiedad gubernamental robada; y voto fraudulento.
Las penas para estos cargos oscilan entre cinco y diez años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares (más de 920 millones de pesos colombianos frente a la tasa de cambio del miércoles 11 de febrero de 2026) por cada delito y periodos de libertad supervisada, además de una pena obligatoria de dos años para el cargo de robo de identidad agravado.
Uno de los aspectos más destacados en la recta final del proceso es la magnitud de los beneficios ilícitos percibidos.
Según el tribunal federal, Orovio Hernández obtuvo 259.589 dólares en asistencia para el alquiler de la Sección 8 entre octubre de 2011 y enero de 2025; 101.257 dólares en beneficios por discapacidad del Seguro Social desde julio de 2014 hasta enero de 2025; y 43.348 dólares en ayudas Snap (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, por sus siglas en inglés) desde abril de 2005 hasta enero de 2025.
Estos fondos destinados a personas de bajos ingresos, discapacitados y adultos mayores fueron desviados por suplantación de identidad.
La fiscal federal Leah B. Foley destacó el patrón delictivo sostenido y consideró que “la Sra. Orovio-Hernández ha vivido en este país ilegalmente durante dos décadas, tiempo en el cual ha hecho reiteradamente declaraciones falsas, ha robado, ha cometido fraude e incluso ha votado ilegalmente”.
Foley recalcó que el sistema continuará actuando frente a quienes “violan nuestras leyes migratorias y roban a los ciudadanos estadounidenses”.
A su vez, el agente especial Nathan Hebert, del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, sostuvo que “la investigación resalta el papel fundamental del DSS (Servicio de Seguridad Diplomática) en la protección del público estadounidense contra el robo de identidad y fraude documental”.
La agente Amy Connelly, del Inspector General de la Administración del Seguro Social, dejó un mensaje contundente para toda aquella persona que se las quiera dar de astuto: “Este veredicto envía un mensaje claro: el robo de identidad y el fraude contra los programas federales de beneficios no pasarán desapercibidos ni quedarán impunes”.
El jurado determinó de forma explícita que la acusada “usó una identidad robada para cobrar ilegalmente beneficios del Seguro Social, cometer fraude electoral y socavar la confianza pública”, menciona el comunicado oficial.
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