La reciente captura de alias Marco Pérez, identificado como el cuarto al mando de la organización criminal Los Satanás, marcó un avance en la lucha contra la extorsión y los homicidios en Soacha y Bogotá. Las autoridades lograron su detención tras un mes de seguimiento que implicó el trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la administración local de Soacha.
El gobernado de Cundinamarca, Jorge Emilio Pérez, informó por medio de su cuenta de X que durante el operativo, los agentes incautaron una granada calibre 40 mm, diversas municiones, panfletos, celulares, tarjetas SIM y piezas de una motocicleta previamente denunciada como robada. Este decomiso aporta elementos clave para las investigaciones que buscan mapear la estructura interna y las actividades ilícitas de la banda.
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Según las autoridades, “Marco Pérez” ejercía el control financiero de la organización criminal. Su papel incluía coordinar la recolección de extorsiones dirigidas especialmente a comerciantes, taxistas y responsables de parqueaderos, utilizando principalmente mensajes a través de WhatsApp.
Tras su captura, el detenido fue presentado ante un juez de control de garantías, quien determinó la imposición de una medida de aseguramiento intramural. Los cargos que enfrenta incluyen extorsión, porte ilegal de armas y receptación.
Este golpe a la organización se suma a otras siete operaciones recientes contra ‘Los Satanás’, con un saldo total de 24 personas capturadas. La ofensiva busca desmontar la red de violencia y coerción que ha amenazado la seguridad de la región.
Desde la administración departamental, el mensaje es claro: “Cundinamarca no puede convertirse en nido de la delincuencia ni de quienes pretenden sembrar miedo con la extorsión y la violencia”. Las autoridades recalcan su compromiso de proteger a los comerciantes, gremios del transporte y a toda la ciudadanía, reafirmando que “el delito no tiene cabida” en la región.
Alias Moises tiene atemorizados a comerciantes y transportadores con sus amenazas de muerte
La expansión bajo el liderazgo de alias Moisés de la banda criminal conocida como los Satanás ha generado una ola de extorsiones y asesinatos en Cundinamarca, afectando gravemente a comerciantes y transportadores. El impacto más reciente ha sido el cierre de negocios y la migración forzada de familias, que buscan escapar de las amenazas y la violencia, según recoge Semana.
El sistema de intimidación implementado incorpora vigilancia continua y obliga a los propios extorsionados a denunciar a quienes no pagan, estableciendo un ambiente de control total. “Ustedes, como colaboradores, tienen que darse cuenta de quién los perjudica también… Tienen que decirnos quién es el que no paga y nosotros le enviamos allá a los muchachos”, uno de los mensjaes en los que el delincuente intimida a sus víctimas, de acuerdo con grabaciones citadas por el medio.
La estructura liderada por este ciudadano venezolano funciona mediante la coordinación de cobros semanales, negociaciones virtuales y el envío de videos que muestran ejecuciones de taxistas, calibradores y vendedores reacios a cumplir las cuotas. En audios en poder de la Fiscalía, el cabecilla apunta: “Por la chaza estamos cobrando $30.000 semanales; ustedes dan una cifra exacta de cuántos son. El que no paga no puede trabajar”.
Las extorsiones, según informan los denunciantes, se realizan principalmente a través de transferencias digitales hacia un único número de celular vinculado a cuentas de Nequi.
Algunos afectados revelan haber recibido amenazas de muerte y relatado pagos superiores a $700.000 ante la amenaza de represalias si no cumplen con las exigencias. “Ha pasado más de un año y estamos trabajando con las uñas, porque las ventas están muy malas. Cómo es posible que uno siga pagando $700.000 y cuando no les paga al día lo amenazan...”, lamentaron comerciantes a Semana.
La reacción de las entidades oficiales se percibe insuficiente. La Fiscalía ha identificado la voz y los números telefónicos utilizados por alias Moisés, presumiendo que dirige las operaciones desde Venezuela, aunque desconoce su paradero. El desmantelamiento de grupos especializados como el Gaula ha incrementado la sensación de desprotección, dejando a las víctimas en una situación vulnerable y sin alternativas de protección, conforme advirtieron fuentes internas de la Fiscalía consultadas por Semana.
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