Tres ciudadanos colombianos ofrecieron una retractación pública, tras haber señalado previamente a la congresista de la Alianza Verde Catherine Juvinao de supuestos vínculos irregulares con el establecimiento político y con entidades prestadoras de salud (EPS) durante el debate por la reforma al sistema de salud.
La conciliación se formalizó ante la Fiscalía General de la Nación y se hizo pública a través de redes sociales. La controversia surgió cuando Elizabeth Ortiz, Laura Julieth Martínez y Juan David Pedraza publicaron mensajes en redes sociales en los que acusaban a Juvinao de “venderse al establecimiento”.
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En sus nuevas declaraciones, los activistas reconocieron no contar con pruebas que respalden tales afirmaciones. Ortiz y Martínez enfatizaron que “no tienen certeza de que la congresista haya recibido financiación por parte de las EPS”, mientras que Pedraza admitió que su acusación se basó únicamente en un cambio de postura política de la representante, sin contar con evidencia que la sustentara.
En su pronunciamiento, Catherine Juvinao subrayó que los señalamientos fueron infundados y que no mantiene relación alguna con empresas del sector salud. “Hay que tener gallardía y estatura para acceder a una retractación. Yo también me he equivocado y ciertamente en esta red no somos infalibles”, expresó la congresista.
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Agregó que “usar los mecanismos que ofrece el sistema de justicia para reparar de manera pacífica y civilizada la violencia política y la difamación es el primer paso de un continuo aprendizaje para todos”.
La representante agradeció a la Fiscalía General de la Nación por facilitar el proceso de conciliación entre las partes y destacó la importancia de que el debate público se base en argumentos y evidencias, no en injurias o falsedades.
“Con seguridad seguiremos debatiendo con vehemencia y contundencia en medio de nuestras diferencias, pero ojalá cada vez más con argumentos y evidencias y no mediante la injuria y la mentira”, señaló Juvinao en su cuenta de X.
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Las retractaciones de los ciudadanos fueron difundidas en sus propias redes sociales. Ortiz y Martínez afirmaron de manera textual: “Aclaro expresamente que no tengo ninguna prueba de que ella haya sido vendida ni de que haya recibido financiación por parte de las EPS”. Pedraza, por su parte, escribió: “No me consta, ni tengo pruebas de esa afirmación, la cual tuvo lugar por el cambio de postura de la señora Juvinao sobre el tema”.
Catherine Juvinao reiteró que continuará ejerciendo su labor legislativa “con compromiso, rigor e integridad”, recalcando que quienes la han acusado falsamente ahora reconocen la ausencia de pruebas en su contra.
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Catherine Juvinao denuncia contrato millonario del Icetex en época electoral
En otro contexto, Catherine Juvinao denunció la asignación de un contrato superior a $52.000 millones por parte del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), señalando posibles irregularidades y favorecimiento en plena época electoral.
Como parte de sus críticas, la congresista destacó que la Unión Temporal Icetex 2016 habría resultado adjudicataria de un segundo contrato “core bancario”, aun cuando la entidad ya mantiene vigente otro acuerdo similar, firmado en 2024 con vigencia hasta 2027.
Al exponer sus cuestionamientos, Juvinao insistió en que en el proceso solo participó un proponente y que los recursos comprometidos duplican los montos pagados previamente a los bancos más grandes del país por servicios tecnológicos análogos.
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En palabras de la representante: “El Icetex acaba de adjudicar por $52 mil millones un contrato de tecnología bancaria que, a los bancos más grandes de este país, no les ha costado más de $25 mil millones. Una adjudicación tipo sastre para que se lo quedara un contratista actual de la entidad. En época electoral”.
Entre sus declaraciones, la congresista sostuvo que ya había advertido sobre supuestos direccionamientos y “precios artificialmente altos”, factores que habrían justificado suspender la adjudicación. No obstante, la entidad continuó con el proceso y formalizó el contrato.
Juvinao reprochó la existencia de recursos para estos acuerdos mientras, según sus palabras, “no hay plata para créditos estudiantiles, ni para subsidios a las tasas, ni para condonaciones, pero sí hay para contratos multimillonarios en época electoral, duplicados, con precios inflados y presuntos direccionamientos a contratistas específicos”.
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Indicó que Daniel Rojas Medellín, ministro de Educación, y Álvaro Urquijo, presidente del Icetex, deberán rendir cuentas ante las autoridades competentes. La parlamentaria anunció que presentará un informe detallado sobre la adjudicación ante la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
Finalizó con la afirmación: “La plata de los créditos de los jóvenes estudiantes se la ferian en plenas elecciones”.
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