La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha asumido la competencia formal para enjuiciar a 22 militares y civiles vinculados a 301 ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el departamento de Casanare, focalizando su acción en hechos comprendidos entre 2005 y 2008.
Esta decisión marca el inicio de la fase más decisiva del proceso judicial, en la que los jueces deberán determinar si los relatos y reconocimientos de responsabilidad presentados por los implicados son coherentes y completos frente a la prueba disponible.
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Según informó El País, el caso representa el quinto proceso que avanza hasta la etapa de juicio ante el Tribunal para la Paz, uniéndose a expedientes significativos que han tenido alcance nacional.
El modelo que guía este proceso en la JEP —denominado “juicio dialógico”— contempla una interacción directa entre los responsables y las víctimas, donde la sentencia se elaborará considerando sus exigencias de verdad y reparación.
En este esquema, la justicia especial busca una reparación integral a través de la imposición de una “Sanción Propia”, mecanismo que coordina restricciones efectivas de derechos y libertades con proyectos orientados a la restauración de los territorios y de las comunidades afectadas.
Los magistrados supervisarán rigurosamente el cumplimiento de estas medidas para garantizar el resarcimiento de los daños. En el listado de procesados sobresalen las siguientes personas:
- Henry William Torres Escalante, mayor general (r), comandante de la Brigada XVI en los años de mayor actividad criminal
- Gustavo Enrique Soto Bracamonte, mayor (r), exjefe del Gaula Casanare
- Orlando Rivas Tovar, exdirector seccional del desaparecido DAS
Estos nombres forman parte de un grupo que también integra a un total de diecisiete exmiembros del Ejército y otros dos civiles.
La investigación de la JEP reveló que en la Brigada XVI se estructuró una organización criminal que utilizó los mecanismos institucionales para desplegar una estrategia sistemática destinada a presentar como “bajas en combate” a civiles inocentes, apartándose completamente de las normas legales y constitucionales. El propósito radicaba en obtener resultados operacionales ficticios, lo cual constituye crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre los civiles implicados, destacan Wilson Rodríguez Mimísica y Miguel Fernando Ramírez, acusados de actuar como informantes falsos y de facilitar la entrega de víctimas a las unidades militares.
Todos los comparecientes han aceptado su responsabilidad ante la jurisdicción especial y han aportado información en el contexto de la audiencia de reconocimiento. Esta causa involucra 301 casos que ilustran el patrón generalizado de estas prácticas.
El camino judicial concluirá con una sentencia de primera instancia que deberá integrar la voz de las víctimas, en un esfuerzo explícito por restablecer la verdad y la reparación en las comunidades de Casanare.
Coronel (r) aceptó ante la JEP su responsabilidad en falsos positivos
El coronel en retiro Juan Carlos Figueroa Suárez reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Valledupar durante su jefatura en el Batallón de Infantería La Popa.
El oficial, acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de al menos 24 hechos que provocaron la muerte de 38 personas, causó un giro en el proceso al admitir su responsabilidad durante la audiencia preliminar del 27 de enero de 2026, según informó Infobae. Este reconocimiento generó debate sobre los límites del mando y las omisiones en crímenes de guerra en Colombia.
Durante la audiencia, Figueroa Suárez, al ser interrogado por el magistrado Raúl Sánchez sobre la voluntariedad de su declaración y el conocimiento de los cargos, respondió afirmativamente y aceptó que desconocía que sus subalternos participaban en asesinatos de civiles. Explicó: “Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales”.
Además, detalló la falta de control y negligencia en toda la cadena de mando e instituciones estatales: “Acepto la omisión de aquellos superiores subalternos, la omisión de instituciones como la Justicia Penal Militar, como la Fiscalía General de Valledupar, como el Departamento de Policía del Cesar... que no me permitieron como comandante en su momento identificar sobre irregularidades... y poder yo ejercer acciones disciplinarias”.
El coronel retirado admitió también la existencia de “nóminas paralelas” donde miembros de unidades militares y de la Policía Nacional del Cesar recibían pagos de grupos paramilitares, concretamente del grupo de los Héroes del Cesar y alias 39, indicando que estos pagos se realizaban mensualmente.
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