Defensoría del Pueblo alerta por inestabilidad en la Unidad para las Víctimas y pide respuestas por presunta corrupción

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta al Gobierno nacional por la persistente inestabilidad administrativa en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, una situación que, según el organismo, está afectando gravemente la continuidad institucional y la correcta implementación de la política pública de víctimas. A esta preocupación se suma la exigencia de respuestas claras frente a presuntos hechos de corrupción que han sido denunciados por distintos medios de comunicación.

De acuerdo con el comunicado oficial, entre 2022 y 2026 la Presidencia de la República ha designado a cinco personas distintas, entre encargos y nombramientos en propiedad, en la Dirección General de la Unidad para las Víctimas. El más reciente episodio ocurrió el pasado viernes, cuando el director general fue declarado insubsistente, en medio de denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.

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Para la Defensoría, esta alta rotación en la dirección ha impactado negativamente el avance de procesos estructurales y ha debilitado la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, una política que atiende a un universo poblacional que representa cerca del 20 % de la población colombiana.

“La estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas son fundamentales para garantizar los derechos de millones de personas afectadas por el conflicto”, advierte el organismo de control.

Presuntos hechos de corrupción: el llamado a dar explicaciones

La Defensoría del Pueblo también expresó su profunda preocupación por los hechos revelados por investigaciones periodísticas, que darían cuenta de posibles actos de corrupción al interior de la entidad. En ese sentido, exhortó al Gobierno nacional a responder de manera inmediata y transparente a los cuestionamientos, y a permitir la intervención de los organismos de control competentes si las denuncias así lo ameritan.

El pronunciamiento subraya que, de confirmarse estas irregularidades, se estaría comprometiendo no solo la legalidad del manejo de los recursos públicos, sino también la confianza de las víctimas en una institución clave para su reparación y atención.

El pronunciamiento de la defensora Iris Marín

A través de sus redes sociales, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reforzó el mensaje institucional y dirigió un llamado directo al presidente Gustavo Petro. En su mensaje, insistió en la urgencia de designar a una persona idónea, con conocimiento y compromiso real con la política de víctimas.

“La labor de la Unidad para las Víctimas es demasiado delicada para la atención de las crisis humanitarias que vivimos en las regiones. La improvisación y la inestabilidad están haciendo un daño tremendo a la garantía de derechos de millones de víctimas y personas desplazadas”, señaló Marín.

Lo que revelan las investigaciones periodísticas

Las alertas de la Defensoría se dan en un contexto marcado por las denuncias publicadas por Colombia+20 de El Espectador, así como por investigaciones previas de El País de España y la revista Semana. Estos trabajos periodísticos señalan indicios del uso de la Unidad para las Víctimas como un fortín burocrático, presuntamente vinculado a intereses políticos en pleno año electoral.

Según estas publicaciones, el aumento desmedido de la planta de contratación y la falta de transparencia habrían generado temor al interior de la entidad. Fuentes citadas bajo reserva aseguran que recursos destinados a la misionalidad y al funcionamiento habrían sido redireccionados hacia contratos de prestación de servicios, presuntamente con fines políticos.

Uno de los testimonios recogidos señala que solo en los primeros 21 días de enero se habrían vinculado 442 personas mediante este tipo de contratos. Además, se reporta que, pese a la salida del director, hasta el viernes pasado se cargaron al Secop II 48 contratos, incluyendo una contratación directa por cerca de 71.000 millones de pesos.

Dudas sobre el Fondo para la Reparación de las Víctimas

Las investigaciones también ponen la lupa sobre el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV). En 2025, este fondo habría tenido contratos por 9.200 millones de pesos, y para 2026 se proyectaba inicialmente un presupuesto de 11.300 millones. Sin embargo, en plena vigencia electoral, la cifra solicitada ascendería ahora a 22.500 millones de pesos, lo que ha generado nuevos cuestionamientos.

Un llamado urgente al Gobierno Nacional

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo es enfática en que la Ley de Garantías existe para evitar el uso de recursos públicos con fines electorales, y que las denuncias conocidas deben ser investigadas de manera eficiente y sin dilaciones. Para el organismo, el Gobierno del presidente Petro tiene la responsabilidad de explicarle al país qué está ocurriendo y de tomar una decisión responsable sobre la dirección de la Unidad para las Víctimas en lo que resta de su mandato.

La estabilidad institucional, la transparencia y la idoneidad en el liderazgo de la entidad son, según la Defensoría, condiciones indispensables para no seguir afectando los derechos de millones de víctimas, cuya atención no puede quedar atrapada entre la improvisación administrativa y las sospechas de corrupción.