Tras polémica por abusos de los Airbnb en Medellín durante los conciertos de Bad Bunny, autoridades sellaron costoso apartamento

La ciudad de Medellín fue testigo de una oleada de visitantes internacionales y nacionales durante el fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026, cuando miles de personas arribaron para asistir a los conciertos del cantante Bad Bunny.

Entre la euforia por el evento y la expectativa de disfrutar la ciudad, surgió un problema inesperado: los alojamientos turísticos, especialmente los ofrecidos en la plataforma Airbnb, se convirtieron en el centro de una polémica que terminó con la intervención de las autoridades locales.

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Las redes sociales se llenaron de testimonios de turistas que reportaron cancelaciones de última hora en sus reservas. La situación se agravó por el abrupto aumento de los precios: algunos apartamentos alcanzaron tarifas superiores a 13 millones de pesos en El Poblado y otros llegaron a cifras como 73 millones de pesos por una casa en Las Palmas.

La reacción de los visitantes provocó que las autoridades actuaran rápidamente. Varios inmuebles fueron sellados por prácticas consideradas abusivas en la fijación de precios y por una supuesta falta de cumplimiento de normativas.

Los afectados recurrieron a plataformas digitales para expresar su descontento, lo que derivó en un escrutinio público sobre la legalidad y la ética de los alquileres temporales en la ciudad.

En medio de la controversia, un arrendador identificado como Esteban Niño compartió su experiencia en un video: “Me cierran mi Airbnb en Medellín por lo que está pasando. Llegó la Policía, nos quiere hacer el sellamiento del apartamento que supuestamente está incumpliendo el manual de convivencia de la propiedad.” Niño defendió la legalidad de su operación y aseguró que contaba con todos los documentos exigidos por la ley colombiana para realizar alquileres de corta duración.

Además, cuestionó el procedimiento llevado a cabo por las autoridades. Niño alegó: “No se presentó nada de la alcaldía ni inspector de policía, como la ley lo dice.” Según su relato, la intervención policial se produjo por la presión del edificio y no por una falta comprobada en la documentación o el cumplimiento de la normativa.

El arrendador insistió ante sus seguidores y las autoridades en que su apartamento cumplía con todas las exigencias legales: “Tengo todos los documentos que la ley colombiana exige para hacer rentas cortas. La policía, muy educada, me explicó todo, pero decidieron creerle al edificio cuando todo está legal ante el Gobierno”, reiteró Niño, quien decidió acudir a la Inspección de Policía 9B y a la Comisaría de Familia 9 El Salvador para esclarecer la legitimidad del procedimiento.

Relató también que recibió un correo de la persona encargada para enviar toda la documentación y solicitar una revisión del caso. “Vamos a ir a una de las estaciones de policía que hay acá a hablar con el inspector, a que nos colabore. Esta es la estación. Nos dieron el correo del parcero para que le mandemos todos los documentos; se va a analizar si el proceso sí fue legítimo, hecho de buena forma”.

La presión mediática y la visibilidad que adquirió el caso de Niño no fue la única historia que circuló en esos días. Otro propietario, Sebastián Barrada, se vio envuelto en polémica cuando trascendió que uno de sus apartamentos tenía un precio casi inaccesible para el público promedio.

Barrada explicó en redes sociales que su intención no era aprovecharse del evento, sino protegerse de las penalizaciones de la propia plataforma: “Airbnb me penaliza, entre comillas, me baja visualización si yo bloqueo unas fechas. Si yo le rento o hago una reserva por afuera, yo no bloqueo la fecha y entonces lo que hago es subir el precio exageradamente caro para que nadie lo reserve.”

Añadió que nunca esperó que alguien pagara tal suma: “¿Quién va a pagar 100 millones, por Dios, por cuatro noches? Es una estrategia para que no me baje visualización a mis anuncios.”

La combinación del alto flujo turístico, la escasez de habitaciones disponibles y la especulación en los precios puso a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la confianza de los usuarios en las plataformas de alojamiento digital.

Mientras tanto, los propietarios de los inmuebles implicados buscan demostrar la legalidad de sus operaciones y evitar sanciones que afecten su actividad económica.