
El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que expuso los riesgos y efectos negativos que podría conllevar la repatriación de los ahorros de los afiliados a los fondos de pensiones en el país, que planea implementar el Gobierno de Gustavo Petro,
En ese sentido, la agremiación hizo un llamado al Ejecutivo para que priorice la protección del ahorro de los trabajadores y “garantice la mayor pensión posible”.
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Según la organización, la repatriación de los recursos de inversión de los fondos de ahorro pensional podría tener consecuencias perjudiciales tanto para los afiliados como para la estabilidad financiera del sistema.

Asimismo, destacó la importancia de que el régimen de inversiones esté diseñado para salvaguardar y multiplicar el ahorro, evitando que estos recursos sean empleados como instrumentos de política económica de corto plazo.
El Consejo explicó que la maximización del ahorro pensional no solo incrementa los niveles de pensionados, también amplía la cobertura y fortalece la sostenibilidad del sistema.
Repatriar los fondos afectaría, según el Consejo Gremial, a los ahorradores a través de tres canales principales: la liquidación de activos externos por debajo de su valor real, la conversión de divisas a una tasa de cambio apreciada —lo que reduce el valor de los portafolios— y la compra obligatoria de activos locales en un mercado sobrevalorado, deteriorando así las perspectivas de rentabilidad futura.
Además, advirtió sobre el potencial impacto negativo para la economía, como una apreciación del peso colombiano y la posibilidad de demandas futuras por la afectación de los portafolios de los afiliados. Por ello, la organización instó al Ejecutivo a reconsiderar la expedición de cualquier medida en este sentido y aseguró que cualquier ajuste en los regímenes de inversión debe basarse en análisis técnicos y reglas claras.

El decreto que propone limitar la inversión de fondos de pensiones en el extranjero y busca repatriar $125 billones
El Gobierno nacional publicó el borrador de un decreto que establece un límite del 30% a la inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones obligatorias, lo que implica que el 70% de los recursos de los afiliados deberá destinarse a proyectos en Colombia. El texto, disponible en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, podrá recibir comentarios hasta el 4 de febrero de 2026.
De acuerdo con el documento, el objetivo es que los fondos privados de pensiones inviertan principalmente en sectores estratégicos de la producción nacional.
El borrador indica que el Ministerio podrá crear un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo, orientado a financiar actividades económicas con alto impacto, como infraestructura y construcción. La propuesta sostiene que estos sectores generan un efecto multiplicador sobre el producto interno bruto superior al promedio de la economía.
El artículo primero del borrador fija que el límite global de inversión en el exterior aplicará a los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias: conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado. Para cumplir esta meta, el decreto prevé un régimen de transición de cinco años, con un umbral intermedio del 35% al tercer año y del 30% al quinto año.
Según cifras presentadas en el documento, en el tercer trimestre de 2025 la inversión representó el 19,7% del PIB y el ahorro el 8% del PIB, lo que, según el Ministerio, evidencia la necesidad de incrementar el ahorro nacional y canalizarlo hacia la financiación de inversiones dentro del país.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público estima que, en ese período de transición, se repatriarán aproximadamente $125 billones de los recursos hoy invertidos en el extranjero por los fondos privados.
El borrador de decreto resalta: “La propuesta regulatoria responde a una visión integral: proteger los intereses de los afiliados, garantizar la sostenibilidad del sistema pensional y promover el desarrollo del mercado de capitales colombiano”.
La idea de repatriar estos recursos fue planteada por Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, que argumentó que permitiría financiar una parte importante de los proyectos estratégicos de infraestructura nacional.
Las autoridades aseguran que la implementación de la medida será gradual y se realizará bajo criterios técnicos, con análisis de riesgo y estudios de mercado. El proceso buscará combinar seguridad, rentabilidad y responsabilidad social en beneficio tanto de los afiliados como de la economía colombiana.
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