La Fiscalía General de la Nación vinculó nuevos cargos contra Elder José Arteaga Hernández, conocido como alias Chipi o el Costeño, quien ya se encuentra privado de la libertad por su presunta participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Ahora, la justicia lo señala como responsable de planear y ordenar otro homicidio en el occidente de Bogotá, cometido en medio de una disputa por el control del microtráfico. Los hechos imputados, revelados el 30 de diciembre de 2025, no fueron reconocidos por el acusado.
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De acuerdo con la imputación, alias Chipi habría urdido y coordinado la muerte de una persona el 15 de junio de 2024 en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.
El homicidio habría sido motivado por un conflicto territorial relacionado con la venta de estupefacientes al menudeo.
Para concretar el plan delictivo, el acusado ofreció cuatro millones de pesos a un sicario para ejecutar el crimen y entregó un anticipo de dos millones durante un encuentro en un billar, donde además proporcionó una fotografía de la víctima como señalamiento.
La Fiscalía documentó la secuencia de eventos y explicó que, el día del homicidio, Arteaga Hernández localizó a la víctima en un local comercial y citó a su colaborador cerca del lugar, entregándole un arma de fuego en un automóvil.
La víctima fue asesinada en la vía pública durante la madrugada del 15 de junio de 2024. Los cargos presentados incluyen homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y destrucción u ocultamiento de elementos materiales probatorios.
Durante la audiencia, el fiscal encargado del caso detalló que la noche del 14 de junio de 2025 alias Chipi identificó a la víctima en una bolirrana cerca de la avenida Mutis de Bogotá y contactó a Antonio Rafael Herrera Escobar, conocido como alias Barranquilla, para que se desplazara rápidamente hasta el lugar en bicicleta.
Una vez a dos cuadras de la víctima, alias Chipi, dentro de un automóvil, le entregó un revólver calibre 38, prometiéndole el pago del resto del dinero tras ejecutar el homicidio.
La reconstrucción de los hechos índica que Antonio, siguiendo instrucciones de alias Chipi, se acercó en bicicleta a su objetivo, identificado como alias Topo, quien caminaba acompañado por varias personas.
Según la Fiscalía, el sicario dialogó brevemente con la víctima, esperó el momento oportuno y, aprovechando que estaba de espaldas e indefensa, desenfundó el arma y disparó al menos cinco veces, causando la muerte inmediata.
En la audiencia, el fiscal enfatizó el grado de conciencia del acusado sobre la ilegalidad de su conducta. Señaló que alias Chipi era plenamente consciente de que la víctima era un ser humano vivo y que el uso de armas de fuego sin autorización podía causar la muerte.
Además, advirtió que el acusado entendía que la destrucción de elementos probatorios, como celulares y tarjetas SIM, constituía un delito.
“Usted tenía también la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y tenía la oportunidad de autodeterminarse de acuerdo a esa comprensión”, afirmó el fiscal, subrayando que se esperaba de él un comportamiento ajustado a derecho.
La Fiscalía sostiene que, junto a alias Barranquilla y alias El Enano, alias Chipi planeó de manera concertada el asesinato de alias Topo, motivado por conflictos internos del microtráfico.
Según la investigación, el 13 de junio de 2025, el acusado entregó un adelanto en efectivo y la orden de ejecutar la muerte de la víctima en represalia por “el cruce de líneas de microtráfico”, además de mostrar la fotografía del objetivo. También se le acusa de destruir evidencia que podría haber facilitado la investigación, obstaculizando la labor de los fiscales.
Alias Chipi permanece en prisión desde su imputación por el atentado y la muerte del senador Miguel Uribe Turbay.
Ahora enfrenta estos nuevos cargos relacionados con la violencia y el narcotráfico en Bogotá, mientras la Fiscalía busca profundizar en la investigación de las redes de microtráfico y los actos violentos que han afectado la capital.
La inclusión de estas nuevas imputaciones evidencia la continuidad de las acciones criminales delictivas y la manera organizada con que operan estas redes en los barrios de Bogotá.
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