El abogado penalista Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, y de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, está bajo el escrutinio público desde que el periodista Daniel Coronell reveló que se presentó como un “pequeño productor” para acceder a un crédito preferencial y a un subsidio.
El profesional en Derecho recibió un préstamo por $400 millones proporcionados por el banco Serfinanza, y un subsidio (Incentivo de Capitalización Rural (ICR)) de $95.273.700, otorgado por el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
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Lafaurie Cabal tuvo que presentar estados financieros específicos para acreditar que su calidad de “pequeño productor”. Las cifras que proporcionó al banco Serfinanza, que le otorgó el crédito, indican que sus activos son de $129.139.311 y que tiene un ingreso anual declarado por $95.996.800. Según el comunicador social, los números están apenas por debajo del umbral que establece la normativa para ser considerado un pequeño productor.
Ahora bien, esos documentos fueron validados y firmados por la contadora Carolina Useche Rodríguez, según reveló el periodista en la sección Los Danieles de la revista Cambio. De acuerdo con su investigación, la mujer ocupa simultáneamente el cargo de directora administrativa y financiera de Fedegán. Eso quiere decir que una directiva ligada al gremio ganadero de José Félix Lafaurie dio su visto bueno a los documentos claves que permitieron al hijo del líder gremial y de la senadora acceder a beneficios exclusivos para pequeños productores.
Además, según denunció, Carolina Useche posee un papel destacado como representante de Fedegán ante la asamblea de accionistas de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol), donde la federación actúa como socio privado.
Finagro emitió un comunicado al respecto, indicando que para otorgar el subsidio a Lafaurie Cabal requirió información otorgada por el intermediario financiero: Serfinanza. Con los datos que le proporcionó, llevó a cabo una “Verificación de Operaciones”, garantizando el cumplimiento de las reglas para la aprobación del apoyo económico.
“Según el reglamento operativo, la clasificación del tipo de productor (pequeño, mediano o grande) es responsabilidad exclusiva y obligatoria del intermediario Financiero (en este caso, el banco Serfinanza). Finagro registra las operaciones basándose en la presunción de legalidad de las certificaciones e información suministrada por los bancos y cooperativas”, detalló el fondo en la comunicación oficial.
La entidad bancaria se pronunció al respecto respondiendo directamente a un derecho de petición enviado por el periodista Coronell. En su declaración, indicó que “la condición de pequeño productor se determinó a partir de la información financiera aportada por el solicitante, en particular sus estados financieros a 31 de diciembre de 2023”.
Así las cosas, Finagro informó que está investigando los hechos y haciendo una revisión “exhaustiva” para determinar la realidad de la información registrada y del proyecto que tiene Lafaurie Cabal y por el cual requiere los recursos que le fueron proporcionados. Pues, de acuerdo con el periodista, el préstamo que recibió estaría destinado a la siembra de palma de aceite en el lote 3 de la Hacienda Guadalajara, propiedad de Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., de José Félix Lafaurie.
“De comprobarse la ocurrencia de alguna circunstancia de incumplimiento que implique la cancelación de la operación, se requerirá el reintegro de recursos al intermediario financiero, sin perjuicio del traslado a las autoridades competentes para las investigaciones respectivas”, indicó Finagro.
El hijo del presidente de Fedegán y de la congresista emitió un comunicado tras la denuncia de Coronell, negando cualquier acción irregular. Informó que no dará entrevistas sobre el tema y que procurará resolver la situación por las vías legales.
“Ante las recientes afirmaciones injuriosas y calumniosas que han sido difundidas en mi contra a través de distintos escenarios, me veo en la obligación de manifestar, con absoluto respeto por las instituciones y por el debate democrático, que acudiré a todos los canales constitucionales y legales previstos en el ordenamiento jurídico para la protección de mi honra y buen nombre”, indicó.
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