El proceso judicial contra Rodolfo Palomino por tráfico de influencias se encuentra en un punto muerto, después de que un desacuerdo entre dos salas de la Corte Suprema de Justicia impidió avanzar en la tutela con la que el exdirector de la Policía Nacional intenta recuperar su libertad.
La disputa sobre cuál sala debe tramitar el recurso dejó el caso en un limbo, situación que se agrava por el inicio del receso judicial, extendiendo la incertidumbre hasta al menos enero de 2026.
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En los días previos al receso, el expediente quedó en la secretaría de la sala encabezada por Myriam Ávila, tras un doble rechazo de competencia.
La Sala de Casación Civil dictó un auto de ocho páginas el 18 de diciembre en el que, por decisión unánime y con el presidente de la Corte, Francisco Ternera, de acuerdo, estableció: “Sería del caso que la Sala emitiera pronunciamiento en torno a la tutela que Rodolfo Bautista Palomino López formuló contra la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, de no ser porque carece de competencia para ello”, según el documento revelado por La FM.
A juicio de la sala, corresponde a la Sala de Casación Penal decidir sobre la tutela, por ser el órgano superior funcional respecto de la Sala Especial de Primera Instancia.
Sin embargo, la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Hilda González, ya había recibido el recurso y en auto firmado el 2 de diciembre por el magistrado Gerson Chaverra, también se negó a tramitarlo: solo este magistrado avaló la postura, en contraste con la unanimidad civil, y sostuvo sobre la competencia que “el conocimiento del asunto debe ser asignado a la Sala Civil, Agraria y Rural de esta corporación”, apelando a normativas internas, que —en lo referente a tutelas— asignan el trámite a la sala que sigue en orden alfabético respecto de la demandada.
Esta sucesión de rechazos ha desatado un “conflicto de competencias” interno, con el resultado de paralizar la acción de tutela.
Por su parte, la defensa del general Palomino argumentó que la captura fue desproporcionada y vulneró su derecho fundamental al debido proceso, aludiendo tanto a la negativa de la Corte Suprema de Justicia de conceder libertad condicional como prisión domiciliaria.
El general Palomino permanece privado de libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional en Bogotá, tras entregarse al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación el 24 de noviembre, tres meses después de que la Sala de Primera Instancia anunciara la condena y antes de que se fijara la pena exacta de siete años y un día de cárcel.
La controversia volvió visible las tensiones internas del alto tribunal y mantiene al general Rodolfo Palomino bajo detención por una decisión que no ha agotado las vías judiciales. El caso tuvo su origen en 2014, cuando —según las investigaciones— el entonces director de la Policía buscó influir para que se suspendiera una orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo, vinculado al paramilitarismo.
El proceso de tutela, al no resolverse antes del inicio de la vacancia judicial , que inició el 20 de diciembre, permanecerá congelado hasta el 10 de enero de 2026, fecha en que la Corte Suprema de Justicia retomará sus actividades.
Así mismo, tanto la defensa como el propio general (r) Rodolfo Palomino insisten en que la decisión sobre su libertad queda supeditada a que alguna de las salas asuma la competencia y tome una postura de fondo sobre la presunta vulneración del debido proceso.
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