Las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Calarcá, comunicó el domingo 21 de diciembre una decisión que podría alterar temporalmente el panorama del conflicto en Colombia.
Según las palabras de Jhon Mendoza, su vocero y uno de los líderes, el grupo guerrillero anunció un cese de hostilidades de carácter indefinido contra la fuerza pública. El anuncio, divulgado por redes sociales mediante un video, marca una nueva etapa en las posturas de varias agrupaciones armadas que operan en el país.
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Mendoza, identificado también bajo el alias de Jhon Mechas, remarcó que la medida no representa una pausa total en su accionar armado, pues excluye de manera expresa a otros grupos ilegales. “Esta decisión no tiene ningún efecto frente a otros grupos con quienes sostenemos una confrontación armada en diferentes lugares del país”, aseguró el subversivo.

Alcance y limitaciones del cese de hostilidades
El ilegal subrayó que la disposición del grupo se da dentro de una lectura propia del panorama político nacional e internacional. “Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido, reservándonos nuestro legítimo derecho a la defensa”, declaró Mendoza en el video difundido por los propios canales del grupo.
Esta línea de acción delimita de modo estricto el tipo de acciones que quedarían suspendidas: las ofensivas dirigidas contra integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía y demás entidades de seguridad del Estado.
El vocero de las disidencias insistió, también, en que la supuesta “pausa” en el conflicto no debe interpretarse como un abandono de sus estrategias defensivas ni como una señal de acercamiento hacia otros actores armados rivales. De hecho, remarcó que la disputa territorial y económica con organizaciones criminales continuará.

Contexto: negociaciones y recientes acuerdos
El pronunciamiento llega tan solo semanas después del ciclo de conversaciones efectuado entre representantes de las disidencias y delegados del Gobierno nacional en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá.
Durante esos encuentros, que se realizaron entre el 17 y el 20 de noviembre, se discutieron puntos como la protección de la niñez en contextos de conflicto y la suspensión del reclutamiento de menores de edad por parte del grupo armado.
Ambas partes abordaron también disposiciones especiales aplicables durante las elecciones regionales y ambientales en las zonas bajo influencia de las disidencias, entre ellas el bloque Jorge Suárez Briceño, el frente Gentil Duarte y la estructura Raúl Reyes.
Las autoridades señalaron a estos sectores de mantener actividades delictivas tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc en 2016.
El ELN también anunció el cese de hostilidades

El comunicado llega en un contexto donde distintas agrupaciones armadas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), expresaron recientemente su intención de suspender operaciones contra la fuerza pública durante las festividades de diciembre y comienzos de enero de 2026.
No obstante, el ELN limitó la duración de su cese unilateral a diez días, mientras que las disidencias de alias Calarcá optaron por una suspensión indefinida. Ambas organizaciones, sin embargo, coincidieron en señalar que sus confrontaciones con bandas rivales seguirán en curso.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, valoró el anuncio como un paso necesario, pero expresó preocupación ante los antecedentes de violencia contra la población civil. Agregó que “un gesto de coherencia sería, por ejemplo, la liberación incondicional de las personas que permanecen secuestradas”.
Además, recordó episodios recientes donde otros grupos, tras anunciar ceses similares, continuaron su accionar violento en contra de la población, lo cual incluyó desplazamientos masivos y atentados.
Durante 2025, el ELN ejecutó al menos un centenar de ataques en departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Magdalena Medio y Norte de Santander. Uno de los incidentes más graves se presentó en la base militar de Aguachica, que dejó un saldo de siete militares muertos y 32 heridos.
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