Ministerio de Hacienda estaría preparando una minirreforma pensional en Colombia: estos son los cambios

El Ministerio de Hacienda de Colombia estaría preparando una minirreforma pensional que, aunque presentada como un ajuste técnico, podría transformar de manera significativa el funcionamiento del sistema de rentas vitalicias y el acceso a la protección estatal para los pensionados, según reveló Valora Analitik.

El borrador de decreto, al que accedió ese medio, introduce modificaciones en el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, una herramienta clave para quienes reciben su pensión a través de un seguro de renta vitalicia.

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El núcleo de la propuesta radica en alterar el parámetro técnico que determina cómo se calcula la protección frente al aumento del salario mínimo. Actualmente, el Estado asume por completo el riesgo de que el salario mínimo crezca por encima de la suma de la inflación y la productividad.

Con el cambio planteado, ese riesgo comenzaría a compartirse con los propios pensionados. Esto se traduciría en un incremento en el costo del seguro de renta vitalicia, obligando a los pensionados a pagar más para mantener la misma cobertura.

En algunos casos, el monto de la pensión podría reducirse o, incluso, ciertos afiliados quedarían excluidos de la posibilidad de contratar este tipo de seguro, lo que afectaría la estabilidad del sistema pensional.

El borrador de la reforma propone transformaciones en tres aspectos fundamentales: el cálculo técnico, la modalidad de pago estatal y los criterios de acceso al mecanismo.

En el plano técnico, la fórmula utilizada por las aseguradoras para proyectar el crecimiento futuro de las mesadas dejaría de basarse en la productividad laboral, que en la última década ha promediado apenas 0,31%, y pasaría a tomar como referencia la inflación.

Este cambio obligaría a las aseguradoras a prever aumentos más elevados en las mesadas, lo que requeriría constituir reservas financieras mayores desde el inicio para garantizar la renta vitalicia de los trabajadores.

Como resultado, los recursos adicionales necesarios provendrían de los afiliados, lo que encarecería las rentas vitalicias, reduciría el valor de las mesadas y dificultaría la contratación del seguro previsional.

En cuanto a la modalidad de pago, el esquema actual contempla que el Estado entregue de una sola vez a la aseguradora el valor total de la cobertura, permitiendo así la constitución inmediata de la reserva completa.

El borrador de la reforma, en cambio, plantea que el Gobierno realice pagos anuales, cubriendo únicamente las mesadas correspondientes a cada año. El resto de los fondos permanecería como una reserva administrada por el Ministerio de Hacienda, aunque, según Valora Analitik, no existe información suficiente sobre la gestión de estos recursos.

Además, el reconocimiento de los llamados “intereses” —ajustes financieros por el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y la fecha de pago de la cobertura anual— también se modificaría.

Aunque se denominan intereses, en realidad constituyen un mecanismo técnico para asegurar el equilibrio de las reservas. Sin este ajuste, las aseguradoras enfrentarían mayores costos financieros y una presión adicional sobre su liquidez.

Otro aspecto relevante es el respaldo legal y fiscal de la cobertura. La normativa vigente garantiza que el deslizamiento del salario mínimo esté cubierto por la Ley Anual de Presupuesto, como exige la Constitución. El proyecto de decreto eliminaría esta referencia, limitando el respaldo a la autorización del Confis y a los recursos del Marco de Gasto de Mediano Plazo, lo que, según el análisis, podría generar un vacío fiscal.

Respecto al acceso al mecanismo, la propuesta reduciría el límite de rentas que pueden inscribirse, pasando de tres salarios mínimos a dos salarios mínimos. Aunque la cobertura estatal seguiría aplicándose sólo para rentas de un salario mínimo, esta restricción modificaría las expectativas del mercado.

Actualmente, muchas rentas se comercializan con la expectativa de que, en algún momento, podrían contar con respaldo estatal. Con la nueva limitación, esas rentas perderían atractivo y las aseguradoras asumirían un mayor riesgo sin el apoyo del mecanismo, lo que se traduciría en mesadas iniciales más bajas y productos más costosos para los afiliados.

Fuentes del sector consultadas por Valora Analitik coinciden en que la modificación del factor técnico tendría múltiples consecuencias: rentas vitalicias más costosas, menor cobertura para los pensionados, pensiones de menor cuantía, mayores riesgos para las aseguradoras y un incremento en los costos futuros para el Gobierno nacional. Estas fuentes advierten que el ajuste elevaría el pasivo pensional, ya que el Ministerio de Hacienda busca protegerse a corto plazo ante un posible aumento significativo del salario mínimo previsto para 2026. Sin embargo, alertan que el nuevo esquema podría desfinanciar las rentas vitalicias, trasladando el impacto financiero a la Nación.

Una de las fuentes consultadas sintetizó el escenario de la siguiente manera: “El cuarto efecto es que van a aumentar la deuda con los pensionados. Las aseguradoras ya no podrán ofrecer pensiones mínimas al sistema pensional, porque las condiciones financieras dejarían de ser sostenibles. En ese escenario, Colpensiones tendría que asumir esa carga mediante endeudamiento, dado que los recursos no alcanzarían”. La misma fuente concluyó: “Es una decisión política que no está siendo compensada”.