El Ministerio de Educación Nacional de Colombia inició una investigación administrativa preliminar contra la Fundación Universitaria San José, sus directivos y representantes legales, por las presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios. Entre los casos que se encuentran en revisión se destaca el de Juliana Guerrero, que habría recibido al menos dos títulos sin cumplir los requisitos legales establecidos para la educación superior en el país.
La apertura de la investigación, formalizada mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025, se fundamenta en las visitas de inspección efectuadas por el ministerio, en las que se identificaron al menos tres títulos expedidos de manera presuntamente irregular. Según los documentos, dos de los beneficiarios no presentaron el examen de estado, mientras que en el tercer caso, la fecha de presentación del examen fue posterior a la expedición del título.
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Los que no lo hicieron la prueba fueron Guerrero y Carlos Alberto Mendoza Siachoque; mientras que Laura Julieth Martínez Morales, conocida en redes como @LaJulietaMM, la presentó después de graduarse. “La expedición de los títulos (...) se dio presuntamente sin cumplir los requisitos para ello vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, se enfatizó.
El proceso de Guerrero, que no pudo posesionarse como viceministra de Juventud, dependencia adscrita al Ministerio de Igualdad, debido a que no cumplía con los requisitos solicitados para el cargo, motivaron la intervención de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, que ahora lidera el proceso sancionatorio que se adelantaría contra este centro de educación superior, que la había graduado como Tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y de Contadora Pública.
Por ello, se ordenó ”la apertura de investigación administrativa preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, exsecretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior, por el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias”.
El escándalo que dejó sin títulos académicos a Juliana Guerrero
Sin embargo, tras las denuncias presentadas por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que señaló inconsistencias en la hoja de vida de Guerrero y cuestionó la validez de sus títulos académicos, se destapó el escándalo que podría poner en serios aprietos a la Fundación San José. De hecho, esta institución pudo constatar que Guerrero habría obtenido los dos grados sin haber asistido a clases, presentado exámenes ni haber hecho actividades académicas.
Tras una revisión interna, este claustro anuló los títulos otorgados a Guerrero, al no encontrar evidencia de su participación académica. A esto se suma que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó que Guerrero no presentó el examen de estado Saber Pro, que es uno de los pasos necesarios para la obtención de títulos profesionales; mientras que en la Fiscalía cursa una denuncia interpuesta por Pedraza, por falsedad en documento.
La resolución también establece la incorporación de pruebas documentales y la designación del funcionario investigador, Emilio Esneider Forero Beleño, para adelantar el proceso administrativo sancionatorio. La resolución ministerial concluye que “la presente resolución rige a partir de su expedición“, como parte de la reacción de la cartera que dirige Daniel Rojas Medellín: al que le pedían acciones concretas en materia de investigación.
Pese a la gravedad de la evidencia en su contra, la implicada defendió su actuación, al asegurar que asistió a clases virtuales y que dispone de notas y actas que lo demuestran. Del mismo modo, sostuvo que es víctima de un “escándalo de fechas” y presentó una denuncia por calumnia contra la representante Pedraza. Ambas partes fueron citadas a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, programada para el viernes 14 de noviembre.
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